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Gobierno mexicano se defiende de críticas sobre investigación de los 43 estudiantes desaparecidos

Yuri Cortez | Agencia UNO
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La fiscalía general mexicana se defendió este lunes de nuevas críticas sobre su conclusión de que los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en Iguala (sur) fueron masacrados, lanzadas por un grupo de peritos independientes argentinos que ve errores en la investigación.

La noche del sábado, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) expresaron que “carecen de evidencia científica” para confirmar, como hace la versión oficial, que los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes en un aislado basurero del municipio de Cocula, vecino de Iguala, y que sus restos calcinados fueron arrojados en un río cercano.

La fiscalía, dependiente del gobierno, reaccionó el lunes tachando de “poco sustentados” los cuestionamientos del EAFF, que colabora en el caso a petición de las familias de las víctimas de este crimen que conmocionó a México y la comunidad internacional.

“No es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas”, afirmó en un comunicado.

Aunque sólo han podido ser identificados los restos de uno de los estudiantes, el pasado 27 de enero la fiscalía dijo por primera vez que tenía la “certeza legal” de que los jóvenes habían sido asesinados por miembros del cártel local Guerreros Unidos coludidos con policías de Iguala y Cocula.

Esta declaración desató la indignación de las familias de los jóvenes, que se resisten a creer que estén muertos, y expresiones de escepticismo de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como cuestionamientos a la investigación por parte del EAAF.

Los peritos argentinos insistieron el sábado en que no estuvieron presentes en el momento en que fue localizada en el río la bolsa con los 17 restos humanos enviados a un prestigioso laboratorio de Austria para su identificación.

Por su elevado estado de calcinación, el laboratorio sólo ha podido identificar uno de los restos, pertenecientes al estudiante Alexander Mora.

La fiscalía respondió que el día del hallazgo de la bolsa “el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él, en lugar de al Río San Juan”, y subrayó que en el lugar estaban presentes un fiscal y más de un centenar de funcionarios.

También señaló que “de manera científica” ha quedado comprobado que los sedimentos encontrados en el río corresponden químicamente a los hallados en el basurero, lo cual fue puesto en duda por el EAAF.

“Cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad”, recalcó.

Versión oficial cuestionada

La noche del 26 de septiembre, los 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa fueron primero atacados por policías corruptos de Iguala, aparentemente por órdenes del alcalde, y después entregados a los narcotraficantes.

La fiscalía defiende que su conclusión de que fueron asesinados se sustenta en 487 peritajes y declaraciones del casi centenar de detenidos, incluidos el alcalde de Iguala y el supuesto líder de Guerreros Unidos.

Este cártel, según la investigación, perpetró la masacre por sospechar que entre los estudiantes había miembros de un grupo rival.

Para Human Rights Watch, en cambio, esas conclusiones se basan únicamente en “confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio”.

Amnistía Internacional coincidió a finales de enero en que la versión oficial carece de “evidencias contundentes”. “Es prematura y pone en riesgo que pueda hacerse una investigación completa y exhaustiva”, dijo.

Los padres de los estudiantes, que enviaron una comisión ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, prevén ofrecer este lunes una conferencia para expresar su posición.

Argumentando que se trata de un “crimen de Estado”, los desesperados padres han convocado multitudinarias marchas para exigir que se siga buscando a sus hijos y se aplique justicia a todos los responsables de su desaparición.

Al recordar los más de 22.000 casos de desapariciones que la dependencia “nunca ha logrado resolver”, la politóloga Denise Dresser dijo a la emisora MVS Radio que “sería interesante una encuesta a los mexicanos preguntándoles a quién le creen más, a la PGR (fiscalía) o al equipo argentino”.

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