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Peña Nieto solicita investigación de compra de sus casas para descartar posible conflicto de interés

Archivo | David Von Blohn | Agencia UNO
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Ante señalamientos de posible conflicto de interés, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encargó este martes al órgano anticorrupción de su gobierno que investigue las compras de viviendas del propio mandatario, su esposa y su secretario de Hacienda a contratistas del Estado.

En un mensaje a medios, el mandatario pidió además que, para una mayor transparencia, “un panel de expertos de reconocido prestigio” evalúen los resultados de esa investigación.

Esta decisión forma parte de un paquete de medidas anticorrupción anunciadas por el presidente que recibirán la asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Entre ellas destaca la reinserción de la secretaría de la Función Pública -el órgano que supervisa la actuación de los funcionarios- como dependencia del gabinete así como el encargo a su nuevo titular, Virgilio Andrade, de investigar los reportes periodísticos sobre las viviendas de la pareja presidencial y del secretario de Hacienda.

Hace casi tres meses, una investigación periodística reveló que la primera dama, la exactriz de telenovelas Angélica Rivera, había comprado antes de la victoria electoral de Peña Nieto una mansión de cuatro millones de dólares a un importante contratista gubernamental.

La revelación generó escándalo en México al prácticamente coincidir con la adjudicación a ese contratista de la licitación para construir el primer tren de alta velocidad mexicano, dentro de un consorcio liderado por una compañía china. El contrato fue revocado abruptamente por el gobierno argumentando sospechas sobre la limpieza de la licitación.

En diciembre, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que compró una lujosa vivienda al mismo contratista dos meses antes de ser nombrado.

El 20 enero, The Wall Street Journal publicó que Peña Nieto compró una lujosa vivienda a otro contratista en 2005 cuando era gobernador del Estado de México (centro). Tras la victoria de Peña Nieto en las presidenciales de 2012, esa empresa contratista ganó por primera vez licitaciones del gobierno federal.

“Preferible” investigación autónoma

Tanto el presidente como la primera dama y el secretario de Hacienda negaron en su momento que hubiera conflicto de interés en las adquisiciones.

“Este nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como presidente ni tampoco en mis cargos públicos anteriores”, insistió Peña Nieto en su mensaje, tras el que no admitió preguntas.

Pero “soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió”, dijo el mandatario para explicar por qué pidió la investigación.

Para Guillermo Ávila, analista del centro Fundar, “sería preferible una investigación de una instancia autónoma a la autoridad”.

“Ahora no queda claro cuáles van a ser los alcances de la investigación. Hay una línea de autoridad o de mando que cae de nuevo en un conflicto de intereses”, señaló a la AFP el investigador de Fundar, un centro de análisis de políticas públicas.

Corrupción, problema “estructural”

El nuevo secretario de Función Pública precisó posteriormente en una entrevista radiofónica que no indagará en las operaciones de compra-venta de las casas por ser del orden privado.

Se revisarán los contratos que las empresas contratistas hicieron con el gobierno “para poder verificar y concluir si estuvieron apegados a todas las reglas y si derivado del conjunto de cercanías o de relaciones (…) podemos deducir que hay conflicto de interés”, explicó Andrade.

El nuevo secretario estaba a cargo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, organismo de la Secretaría de Economía.

Anteriormente fue consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2010 y representante suplente del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del IFE.

La trayectoria de Andrade es “amplia, prestigiada e idónea”, afirmó Peña Nieto.

La Función Pública había sido rebajada a subsecretaría a inicios de la presidencia de Peña Nieto bajo el compromiso de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, proyecto que sigue en discusión en el Congreso.

Otras medidas anticorrupción anunciadas incluyen la obligación de los funcionarios federales de presentar a partir de mayo una declaración de posibles conflictos de interés.

El presidente aseguró que la corrupción en México es un “problema estructural” y lamentó que la percepción de este problema apenas ha mejorado en las últimas dos décadas.

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