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Gobierno analiza reponer pena de cárcel para quienes atenten contra la libre competencia

Pablo Ovalle Isasmendi | Agencia UNO
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Este lunes, el gobierno indicó que están analizando una ley que aumente las sanciones para las empresas y ejecutivos que atenten contra la libre competencia, como por ejemplo coludiéndose como ocurrió con las empresas avícolas Agrosuper, Arztía y Don Pollo.

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien detalló que uno de los puntos en evaluación, y que se podría incluir en la moción es restituir las penas de cárcel para los ejecutivos que fijen artificialmente los precios.

“Las multas tienen que ser proporcionales al daño causado y vamos a estar trabajando en esa materia, también en materia de sanciones hemos dicho que vamos a trabajar en las distintas medidas posibles. Hemos visto que otras jurisdicciones están muy avanzadas, como por ejemplo la de Estados Unidos, la de Australia, la de Canadá, las que contemplan la pena de cárcel en este tipo de casos”, dijo el secretario de Estado.

La reposición de penas privativas de libertad, vigente hasta 2003, es respaldada por parlamentarios de la Alianza y la Nueva Mayoría.

Esta mañana la bancada de diputados de la Democracia Cristiana entregó al ministro Céspedes una propuesta para fortalecer la libre competencia, que incluye reponer las penas de cárcel y aumentar las multas para que estás sean proporcionales al daño causado y a las ganancias obtenidas por las empresas coludidas.

También, según lo detalló el diputado Fuad Chahín, es necesario mejorar los mecanismos para indemnizar a los consumidores afectados.

Otra propuesta de la bancada DC es perfeccionar la delación compensada para incentivar a los empresarios a denunciar infracciones a la libre competencia y romper según expresó el diputado Chahín, con el círculo de la colusión.

También desde RN anunciaron que reactivarán un proyecto que duerme en el Congreso. El senador Alberto Espina, luego de reunirse con el fiscal nacional Sabas Chahuán, afirmó que agilizará una iniciativa ingresada en 2012 que establece penas de cárcel.

El ministerio de Economía deberá definir si presenta un proyecto nuevo o patrocina uno que esté en el Congreso vía indicaciones. Esto se conocería durante las próximas semanas.

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