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Condenado a muerte en EEUU pide que su sufrimiento por la inyección letal sea filmado

California Department of Corrections and Rehabilitation
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Un condenado a muerte en Estados Unidos, que debe ser ejecutado el miércoles próximo en Misuri, reclama a la justicia que su muerte por inyección letal sea filmada como prueba de sus sufrimientos.

La ejecución de Russell Bucklew, prevista para el 21 de mayo en la localidad de Bonne Terre, será la primera en Estados Unidos desde la controvertida agonía de 43 minutos de un ajusticiado en Oklahoma el pasado 29 de abril.

Bucklew, condenado a muerte por la violación de su exnovia y el asesinato de la nueva pareja de ella, asegura en una demanda judicial presentada el viernes que sufre de tumores vasculares en el cerebro y el cuello, así como de problemas de circulación.

Su demanda de 15 páginas pide la filmación de la ejecución con el objetivo de “preservar una prueba crucial” de que el procedimiento viola la Constitución, que prohíbe las penas crueles.

Los defensores del reo argumentan también que el Estado de Misuri utiliza para sus inyecciones letales un preparado hecho en farmacias del que no se sabe “su calidad, potencia, eficacia ni de dónde viene, cómo fue hecho”.

El pasado 8 de mayo la Corte Penal de Apelaciones de Oklahoma ordenó el cese de las ejecuciones capitales durante seis meses después de la fuerte polémica desatada por la ejecución de Clayton Lockett mediante una inyección letal con productos no probados.

A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte “encuentran grandes dificultades para hallar barbitúricos y se desesperan buscando alguna fuente de aprovisionamiento” para la elaboración de las inyecciones que utilizan, explica Deborah Denno, profesora de derecho de la Fordham University.

Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.

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