Un estudio elaborado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) posiciona a Chile con una de las tasas más bajas de alquiler en comparación a sus vecinos de América Latina.

La investigación, difundida por El Mercurio, asegura que nuestro país está por debajo del 20%, teniendo una marcada segregación de arriendo entre grupos vulnerables, quienes en menor medida consiguen ese tipo de contratos, por sobre los con poder adquisitivo, que aumentan en directa relación con su ingreso.

A su vez, el perfil del arrendatario chileno es el joven, en específico solteros y divorciados, quienes poseen una tasa de informalidad en torno al 40%, cifra que supera la de países desarrollados pero entre las más bajas de Latinoamérica, concluye el informe del organismo internacional con sede en Washington.

Expertos consultados por el matutino expresaron su preocupación por el indicador, ya que evidencia la falta de ayuda para las familias vulnerables, que no ven alternativas ante un mercado nacional que aumenta los precios de suelos céntricos y bien localizados, viéndose en la obligación de irse a las periferias.

“La propiedad se vincula con la necesidad de tener algo seguro, pero el arriendo da mejores oportunidades por localización y permite flexibilizar la vivienda a familias jóvenes que necesitan eso, porque el mercado laboral los hace moverse y no quedarse en un lugar”, explica el especialista en vivienda y sociólogo del Instituto de Estudios Urbanos, Francisco Sabatini.

Producto de lo anterior, se asegura que nuestro país debiera crear subsidios para quienes buscan arrendar -como el Bono Chao Suegra elaborado durante el gobierno anterior-, pero además también para los arrendadores.

“En varios países de la OCDE se combinan subsidios de vivienda asistida, al sector privado, para que construya y entregue esas viviendas edificadas en alquiler. Eso se complementa con incentivos a la demandas, es recomendable”, estima Andrés Blanco, especialista senior en desarrollo urbano y coautor del estudio.

Sabatini en tanto, recomienda que el Estado sea también arrendador, permitiendo a una familia poder moverse, dejar en arriendo una vivienda propia y con ese dinero, arrendar otra cerca de una nueva opción de empleo, por ejemplo”.