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Observatorio Ciudadano planteó modificar la Constitución para regular concesiones mineras

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La codirectora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, remarcó que la nueva administración de Michelle Bachelet deberá poner especial énfasis en la revisión del derecho a la propiedad establecido por la constitución de 1980, pues a su juicio establece un marco privatizador más que favorable a la extracción minera por sobre los intereses ciudadanos y ambientales.

La serie de solicitudes de concesiones mineras sobre las que se ha tenido noticias en San Juan de la Costa han levantado la alerta de organizaciones sociales chilenas e indígenas, ante lo cual Yáñez fue explícita en decir que es urgente revisar el modelo minero chileno y su relación con el derecho a la propiedad, establecido por la constitución de 1980, la cual a través del artículo 19, inciso 24, blinda finalmente la acción privada sobre el subsuelo.

Según Yáñez, si bien el mismo extracto constitucional establece que el interés social y la protección ambiental debe ser límite para la explotación minera, en la práctica la misma constitución resalta el derecho a la propiedad sobre el subsuelo y su explotación.

De acuerdo a la abogada, la legislación minera siempre ha salvaguardado el derecho a la explotación minera porque en el espíritu de la ley se entiende que existe una cuestión estratégica que puede conllevar a beneficios sociales para la comunidad. Sin embargo, en la actualidad está en cuestión tal enfoque, pues ya no es el Estado el que tiene el control del modelo minero, sino que el sector privado.

Según Yáñez, esto debe ser modificado en un proceso de cambio de constitución, con el fin de evitar conflictos sociales futuros, estableciendo los límites temporales y efectos ambientales y culturales.

Yáñez cerró con la insistencia de revisar dentro de un nuevo proceso constituyente la situación de los recursos naturales, tales como los mineros y las aguas, entre otros, los cuales si bien son definidos como propiedad del Estado y como bienes nacionales de uso público, quedan finalmente, a través de la misma ley y la Constitución, bajo un régimen explícito de privatización.

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