La Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) indicó que en caso de ser promulgada la ley que prohibe el timerosal, tendrán que deshacerse de 1 millón 220 mil vacunas, puesto que cuentan con ese químico.
El hecho es complejo, ya que se trata de dosis adquiridas entre septiembre y octubre de 2013, por un valor de $2.542 millones para combatir la rabia, el tétanos, así como la inyección pentavalente que resguarda de la difteria, el coqueluche, la hepatitis B, tétanos y la Haemophilus influenzae tipo B.
El infectólogo pediatra de la Universidad de Chile, Miguel O’Ryan, criticó la aprobada ley, puesto que elevará los costos dentro de la Cenabast, así como su programa logístico. Según detalló, la vacuna pentavalente deberá ser reemplazada en varias dosis distintas, elevando en un “50%” el costo del Programa Nacional de Inmunización.
Por lo anterior, las dosis deberán además tener mayor espacio de almacenaje, provocando otro problema dentro de la Cenabast, informó El Mercurio.
En contraposición, el diputado PPD, Juan Luis Castro, reacción ante el rechazo de la comunidad científica a la ley, puesto que hubo tres años de discusión en que pudieron haber aportado con su mirada al tema. A su vez, el veto presidencial a la ley se argumenta en torno “a un supuesto daño sanitario, hipótesis que se cae por sí sola. Acá hablan de problemas de costos, no sanitarios”, concluyó.
