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Comisión aprueba informe que acredita responsabilidad de Francisco Labbé en errores de Censo 2012

Pedro Cerda | Agencia UNO
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Por 7 votos a favor y 6 en contra, se aprobaron las conclusiones respecto de la responsabilidad administrativa del ex director del INE, Francisco Labbé, en la aplicación del Censo 2012.

El informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas, presidida por el diputado DC Juan Carlos Latorre, fue enfático en señalar que durante la administración de Francisco Labbé existieron irregularidades administrativas que terminaron con un cambio apresurado y sin las consultas técnicas apropiadas ni la expertiz suficiente de la metodología censal.

Además, hubo contrataciones de funcionarios que actuaron como asesores del ex director sin que éstos “hayan efectuado verdaderamente sus servicios”.

Entre ellos, se encuentra Maximiliano Raide Pruines, asesor directo del ex director Francisco Labbé, quien asistió en reiteradas ocasiones a reuniones con altas autoridades del Ministerio de Economía en las que se tomaron decisiones relacionadas a la aplicación del Censo 2012.

Asimismo, Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, fueron otras de las personas contratadas por el ex director del INE de las que no se tiene claridad respecto de sus funciones al interior del INE. Es más, no eran conocidos por los funcionarios del instituto que entregaron su declaración a la Comisión Investigadora.

Sólo Mariana Alcérreca, quien ejercía el rol de “gerente” del INE, y el ex jefe de gabinete del director, Raúl Sepúlveda Faúndez, solicitaron al ex director Labbé que estos asesores asistieran al menos a una reunión semanal de 2 horas con la finalidad de justificar y silenciar las molestias que existían por parte de los funcionarios ante los elevados honorarios que se les cancelaban a pesar de no asistir a la institución.

En el caso del contrato de Juan Pablo Raide Prunes, brazo derecho de Labbé, la resolución exenta N° 338, que autorizaba la contratación de este asesor desde enero de 2013, recién fue firmada en el mes de junio por el actual director del INE, Juan Eduardo Coeymans.

En forma adicional, el informe acusa que el ex director del INE contrató a la empresa Vox Comunicaciones sin realizar licitación pública, tal como lo establece la Ley 19.886 o la Ley de Bases de Compras Públicas. Lo anterior, para realizar un plan de difusión en materia comunicación del proceso Censo 2012 y difusión de los resultados de ese mismo proceso.

De forma ilegal, dice el documento, se contrató en calidad de honorarios directamente a su propietaria y gerente general, Gabriele Lothholz, y posteriormente a la gerente de Clientes, Carmen Paz Maldonado Caerols. Todo esto por la suma de más de 45 millones de pesos por diez meses de trabajo -en el caso de la primera- y un poco más de 4 millones por seis meses de trabajo en la segunda.

En resumidas cuentas, el ex director del INE, Francisco Labbé, desembolsó más de 83 millones de pesos en la contratación de los cuestionados funcionarios.

En esta estructura paralela de funcionamiento de la dirección del INE, participaron su ex director, Francisco Labbé, la llamada “gerente” del INE, Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Maximiliano Raide Prunes, y Sebastián Mathews.

Algunos de ellos, tuvieron un rol fundamental en el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del conteo nacional para darla a conocer al país

El informe agrega que con la llegada del asesor directo del ex director Labbé, Maximiliano Raide, dentro del INE se generó un ambiente laboral de “mucha tensión” que provocó que el ex director Labbé excluyera, de forma arbitraria, a los equipos técnicos del INE en la toma de decisiones para la aplicación del Censo 2012.

Ello explica que la decisión en el cambio de la metodología del censo fuera tomada de manera apresurada y sin los conocimientos técnicos apropiados para evaluar el impacto de dichas modificaciones en el resultado final de la medición.

De hecho, bastaron sólo 25 días para que la Comisión Nacional Censal aprobara esta modificación y echara por tierra más de cuatro años de investigación y preparación de los técnicos y expertos del INE sobre los cambios en la metodología del nuevo censo.

Las acusaciones en contra de Francisco Labbé continúan en el informe, al punto que se le responsabiliza de no generar las modificaciones o precauciones en el proceso de levantamiento de datos, en especial frente a las proyecciones que realizó el Departamento de Estudios Sociales.

Acorde las proyecciones del INE se estimaba que sólo sería factible encuestar a 15,8 millones de personas durante el Censo 2012 y no los 17 millones que estimaba el ex director Labbé.

Labbé incorporó en los totales preliminares del Censo 2012, difundidas en agosto de 2012, las cifras de “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, para cuadrar las cifras y elevar el número de encuestados desde los 15,8 millones a los 16,6 millones de personas.

Por último, el informe de la comisión de diputados asegura que Francisco Labbé no resguardó el secreto de los resultados del censo antes que los difundiera el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Agrega que no protegió datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios contratados irregularmente como –Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, entre otros).

Por todo lo anterior, la comisión establece que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es recomienda tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un censo abreviado (acotado en los términos expuestos por la comisión nacional) u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia.

Sólo resta que la Cámara de Diputados realice la votación de estas conclusiones, aunque ya desde el oficialismo algunos parlamentarios, como el diputado RN José Manuel Edwards, han manifestado, en entrevista con el diario La Segunda, que votarán en contra de él por considerarlo “un informe tendencioso y con una clara motivación política”.

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