“Cuando se incendia una casa con dos ancianos adentro, como ocurrió hace un año atrás, eso es un acto terrorista”, sentenció el Presidente Sebastián Piñera en recuerdo de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes murieron el 4 de enero de 2013 tras ser víctimas de un ataque incendiario en su domicilio de Vilcún.
El 3 de enero de 2008, Matías Catrileo Quezada murió a causa de un proyectil del cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez, cuando el joven comunero mapuche realizaba una ocupación del fundo Santa Margarita de propiedad de Jorge Luchsinger, primo del fallecido Werner Luchsinger.
Estos nombres han marcado con sangre el conflicto en la región de La Araucanía, problema hasta ahora sin solución para la administración actual y que estas últimas dos semanas se ha reactivado con más de una quincena de atentados en zonas rurales y urbanas.
De acuerdo al diagnóstico del mandatario, éstos son actos “terroristas” y, continuando con la tónica del Ejecutivo en contra del desempeño de los tribunales, reafirmó sus reproches a algunos jueces por considerarlos garantistas. Al respecto aseguró que “el terrorismo y la delincuencia no van a prevalecer en La Araucanía”.
En esta línea, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, acusó a los tribunales de la región de exigir el más alto estándar probatorio del país.
Esta visión fue compartida por el titular de Agricultura, Luis Mayol, quien rechazó el llamado a la población a armarse como puntualizó el director de la asociación de la junta de vigilancia de Alto Llanco, Humberto Beltrán.
Hace una semana el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que invocará la Ley Antiterrorista en la querella contra los responsables del ataque incendiario del 27 de diciembre en Vilcún.
Desde 2000, más de 18 veces se ha aplicado esta ley en la región de La Araucanía, según declaró el 2 de enero el fiscal nacional, Sabas Chahuán.
