El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, advirtió el jueves que viajará a Europa para exigir que se cumpla con la ampliación del Canal al consorcio que amenazó con suspenderla si no le pagan 1.600 millones de dólares por sobrecostos.

“Voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos responsabilidad moral por lo actuado, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación, que es una obra de la humanidad”, declaró a periodistas Martinelli, sin precisar fechas del viaje.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr, envió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una carta, con fecha del 30 de diciembre, en la que advierte que “en 21 días suspenderá la construcción de la obra” por supuestos incumplimientos del contrato en relación con sobrecostos que ascienden a 1.600 millones de dólares.

“Cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios”, afirmó Martinelli, tras emitir en el Congreso un informe sobre gestión de gobierno en el inicio del último periodo de la legislatura.

El presidente panameño, quien precisó que viajará con la directiva de la ACP, dijo esperar que la ampliación del Canal culmine “sin contratiempos, porque estos sobrecostos son una gran irresponsabilidad” de GUPC.

El consorcio GUPC es encabezado por Sacyr, que este jueves envió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española informándole del conflicto, y está integrado además por la firma italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.

Por otra parte, el administrador del canal, Jorge Quijano, rechazó el miércoles “de manera categórica” las presiones del GUPC, realizadas según él “con el único propósito de forzarnos a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato”.

“Panamá está en condiciones de culminar la obra y el país se va a plantar muy bien frente a esto”, comentó por su parte el exadministrador del Canal, Alberto Alemán, en cuya gestión se inició la ampliación de la vía intereoceánica.

Los trabajos, que tienen un costo total de 5.200 millones dólares, 3.200 de ellos para GUPC, comenzaron en 2009 y estaba previsto que terminaran en octubre de 2014, pero llevan un retraso de nueve meses.

Sacyr denuncia “incumplimientos graves” en el contrato por parte de la ACP, y cifra el importe global de las reclamaciones en 1.625 millones de dólares (unos 1.183 millones de euros).

“Son costes imprevistos, muchos y de diferentes clases en una obra de tal magnitud”, dijo a la AFP en Madrid un portavoz de Sacyr. “Hablamos de temas técnicos, de compuesto de hormigón, de tecnicismos, geológicos, impuestos, tasas, de temas laborales y climatológicos”, añadió.

Aún así la constructora quiere buscar una solución. “Tenemos toda la voluntad de alcanzar un acuerdo justo que permita que la obra siga su curso con el menor coste posible y con el menor plazo posible”, dijo el portavoz.

Sacyr sufría un duro castigo el jueves en la bolsa de Madrid, donde después de una caída inicial de 18%, la acción perdió 8,95% al cierre de la jornada.