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Corte Suprema dicta primera condena indemnizatoria contra el Fisco por muerte en el tsunami de 2010

Tsunami en Talcahuano | Solange Garrido (BBCL)
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La Corte Suprema condenó al Fisco a indemnizar a la familia de una de las víctimas del tsunami de 2010 en Talcahuano, tras constatar que hubo falta de servicio de parte del Estado. El entonces intendente del Bío Bío, Jaime Tohá, descartó públicamente que el mar se pudiera salir como consecuencia del terremoto.

Así lo puntualizó la Tercera Sala del máximo tribunal del país que en voto de mayoría -de los ministros Sergio Muñoz, Carlos Cerda y abogado integrante Jorge Lagos- acogió un recurso de casación y ordenó el pago de 55 millones de pesos a la familia de Mario Ovando Garcés, residente del sector Santa Clara del puerto el 27F.

“La entrevista radial del Intendente Tohá varió el ánimo de los Ovando -de incertidumbre a tranquilidad-, por lo cual al producirse la salida de mar fueron sorprendidos en la confianza de estar seguros”, se lee en parte de la sentencia.

Al respecto, el abogado Adolfo Ortega, que en primera y segunda instancia había obtenido un fallo negativo, destacó el voto de mayoría.

El monto de la indemnización será dividida entre la viuda de la víctima, María Valenzuela Flores, sus hijos y nieto, sobrevivientes del tsunami. La mujer expresó su satisfacción, aunque no por el dinero -dijo- sino por la justicia recibida.

El ex gobernador de Concepción, Eric Aedo, indicó que había que respetar el pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque insistió en defender la actuación de quien era su jefe hace cuatro años, el intendente Tohá.

Desde la otra vereda, el diputado Frank Sauerbaum, querellante en la arista penal por las responsabilidades en la fallida alarma el 27F, dijo esperar que el fallo sirva de jurisprudencia para las otras demandas aún trámite por las más de 300 víctimas fatales que dejó el tsunami.

Otra de las reacciones a la resolución vino del actual intendente del Bío Bío, Víctor Lobos, quien subrayó en la necesidad de instruir a las personas sobre los planes de emergencia ante catástrofes como la del 27F.

La sentencia fue dictada con el voto de minoría de dos ministros Héctor Carreño y Pedro Pierry, quienes estaban por confirmar los fallos de primera y segunda instancia, que habían acogido los argumentos del Consejo de Defensa del Estado.

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