El viernes recién pasado se cumplieron dos meses de la desaparición del Cessna 172, que la tarde del domingo 6 de octubre despegó desde Isla Mocha rumbo a Tirúa con cinco ocupantes: el piloto y cuatro pasajeros, clientes de su hospedaje turístico ubicado al sur de la isla.
Hubo una sencilla ceremonia recordatoria en el aérodromo de Tirúa, donde se levantó un monolito con el nombre de los cinco desaparecidos; cita a la que concurrieron familiares de Leslie Roa Sufray, Jorge Luengo Suazo y Jorge Luengo Espinoza.
A la ceremonia no asistieron los cercanos de Erick Arriagada, el amigo de Leslie, quienes irán a Tirúa dentro de dos semanas, y tampoco los hijos o hermanos de Mario Hahn, el piloto del monomotor.
Mientras esto ocurre el fiscal jefe de Lebu, Danilo Ramos, prosigue con las investigaciones, especialmente en manos de la PDI, para determinar las circunstancias en que se esfumó la aeronave.
La parte de esa indagatoria requiere conocer el detalle de lo que se hizo por parte de la FACh, que coordinó la denominada “Operación Tirúa”, y de todas las instituciones que intervinieron: Armada, Ejército y la Onemi, documentos que todavía no llegan a sus manos. La única que ya adelantó un informe fue Carabineros.
Tampoco hay novedades en torno a los peritajes finales al trozo metálico encontrado por un lugareño, en Tranicura, 12 kilómetros al sur de Tirúa, que primero la FACh descartó como parte del monomotor, y que luego el fiscal consideró de “altas probabilidades” de pertenecer a la aeronave, voz que finalmente se toma como la oficial.
Un papel sigiloso cumple también la Dirección General de Aeronáutica Civil, que también investiga el caso, aunque con claras limitaciones al carecer de evidencia material para analizar lo sucedido.
Conseguir otra parte del Cessna 172 es fundamental para avanzar en la resolución del enigmático accidente, otro más en una zona con escasa regulación al tratarse de un espacio aéreo no controlado, en el que las naves no requieren un plan de vuelo.
