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Con juicio oral en marcha se cumplen 3 años de la tragedia de la cárcel de San Miguel

Archivo | Hans Scott | Agencia UNO
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Con el juicio oral en marcha, este domingo 8 se cumplen tres años del incendio de la cárcel de San Miguel, que causó la muerte de 81 reos, dejando además a otros 16 heridos y más de 200 evacuados.

Por este caso la Fiscalía Metropolitana Sur acusó a ocho gendarmes de presunto cuasidelito de homicidio y lesiones, pidiendo penas de entre cinco años y un día y siete años de cárcel por su supuesto actuar negligente.

El juicio comenzó el 22 de julio pasado en el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

A fines de octubre declaró en calidad de testigo la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien fue la primera autoridad externa a Gendarmería en recorrer el recinto penitenciario tras el incendio, y redactó un informe sobre los hechos.

En su declaración ante el tribunal, la fiscal señaló que, en terreno, pudo constatar que el recinto no contaba con los mecanismos adecuados para evacuar a los reos de manera eficiente, con tal de evitar una tragedia como la ocurrida ni tampoco cómo atacar un incendio.

Los hechos se originaron alrededor de las 05:10 horas el 8 de diciembre de 2010, a raíz de una disputa entre dos bandas rivales, en el cuarto piso de la torre 5 del penal. Se pudo constatar en la investigación, que uno de los reos utilizó un lanzallamas artesanal, fabricado con un balón de gas y un tubo plástico, lo que prendió diversos elementos, como colchones y ropas.

El abogado defensor Juan Pablo Gómez atribuyó como “el principal factor de la muerte de los 81 internos las condiciones de diseño y de infraestructura” de la cárcel, agregando que “aquí en definitiva habían problemas de infraestructura graves”.

Los gendarmes acusados son José Poblete, Fernando Orrego y Francisco Riquelme, y los oficiales José Hormazábal, Patricio Campos, Segundo Sanzana, Carlos Bustos y Jaime San Martín.

En tanto, por la Fiscalía actúan los persecutores Raúl Guzmán, Cristián Galdames, Manuel Zara y Víctor Núñez, quienes buscan demostrar que la tragedia pudo haberse evitado si los funcionarios hubiesen respetado los protocolos de seguridad existentes.

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