Alrededor de 300 millones de pesos han recibido 1.000 pescadores artesanales que demandaron a ENAP como responsable del derrame de crudo en la bahía de San Vicente en mayo de 2007. La ministra que instruye las demandas presentadas por el desastre ecológico, Juana Godoy, puntualizó que esos pagos se han realizado a través de acuerdos extrajudiciales.
Luego que un ducto submarino se averiara mientras un barco descargaba petróleo para ENAP, 300 metros cúbicos de crudo fueron vertidos en las costas de Talcahuano.
La emergencia afectó gravemente la actividad pesquera, por lo que más de 4 mil pescadores, armadores, empresas de sector de la bahía de San Vicente e incluso el Fisco demandaron a la estatal y estimaron los daños sufridos en miles de millones de pesos.
Consultada sobre el estado actual de la causa, la ministra Juana Godoy, quien tramita las demandas desde hace dos años, puntualizó que un 25 por ciento de los demandantes han llegado a acuerdos extrajudiciales.
Los mil pescadores artesanales que se han desistido de las acciones legales aceptaron un promedio de 300 mil pesos cada uno de parte de la compañía con la que ENAP había contratado pólizas de seguro; un total aproximado de 300 millones de pesos.
Quedan 3.000 demandantes que siguen en el juicio y que de no llegar a un avenimiento tendrían que pasar a la etapa de entregar las pruebas para demostrar los daños sufridos a raíz del derrame, señaló la ministra Godoy.
El Consejo de Defensa del Estado pide en su demanda el pago de 4 mil millones de pesos de parte de ENAP por los perjuicios causados. Sin embargo, ha trascendido que existen conversaciones para un acuerdo extrajudicial por montos por debajo de esa cifra, indemnización que sería cancelada a través de programas de mitigación y acciones para evitar la repetición de desastres como el de 2007.
