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Fiscal de Los Lagos desmiente intervención en condenas de casos locales

Luis Villegas (RBB)
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El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, descartó que las fiscalías locales de su jurisdicción no tengan independencia para solicitar penas de casos emblemáticos, agregando que la condena de 15 años de cárcel otorgada a la homicida de Paola Cerda se ajusta a la ley y es una de las más altas a nivel regional.

La aclaración surge luego de trascendidos emanados desde los propios tribunales de justicia y, en particular, por algunos fiscales adjuntos, que versaban que las penas solicitadas para casos de alta connotación social eran definidas en la Fiscalía Regional y no en las reparticiones locales.

El tema reflotó tras la inconformidad de los familiares y amigos de Paola Cerda por los 15 años de presidio que recibió su homicida, pese a tratarse de un homicidio calificado.

Al respecto, Emilfork señaló que las penas son definidas por los propios fiscales, quienes sí tienen autonomía para solicitarlas dentro de los rangos permitidos por el Código Penal y según los méritos de cada causa, siendo únicamente su rol como Fiscal Regional y el de sus asesores controlar la legalidad de las acusaciones que implican penas aflictivas.

Emilfork se sumó a las declaraciones del fiscal jefe de Puerto Varas, Daniel Alvarado, quien señaló tras la lectura de la sentencia del crimen de Paola Cerda que la pena de 15 años otorgada a la autora de su muerte representa todo un logro para el Ministerio Público, indicando al respecto que no ameritaba condenar a la acusada con presidio mayor en su grado máximo, sino que sólo medio, ya que se acreditó la atenuante de la colaboración sustancial al proceso investigativo previo al juicio, tras confesar Verónica Sáez el crimen y entregar el arma blanca con la cual apuñaló cerca de 40 veces a la mujer.

Emilfork dijo entender la inconformidad con la cual quedan generalmente los familiares de las víctimas tras la entrega de sentencias, pero no le compete ni tiene facultades el Ministerio Público para cambiar el Código Penal y poder elevar así las condenas en casos de alta connotación social.

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