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Ex presidente Lagos pide elevar el debate y no hacer “ventajitas” políticas por Caso Exonerados

Archivo | Francisco Longa/AgenciaUNO
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Las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet están en el centro de las críticas del gobierno de Sebastián Piñera.

Lo anterior por el informe de la Contraloría General de la República que reveló al menos 3 mil falsos exonerados y que viene a complementar el realizado por la subsecretaria del Interior que encontró un 18,7% de expedientes con irregularidades de 50 mil carpetas analizadas entre 2011 y 2012.

Según una minuta de La Moneda, en junio de 2006 el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político realizó una auditoría interna que concluyó graves falencias en organización y funcionamiento, las cuales no fueron corregidas por el subsecretario de Bachelet, Felipe Harboe.

Tras detallar varios hechos, el documento aborda la acción del gobierno actual que incluyó la formalización de Julio Allendes Allendes, como autor de delitos de falsificación y fraude, además del estudio a las 50 mil carpetas ante el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, el Congreso y la Contraloría de la República.

El ministro del Interior subrogante, Rodrigo Ubilla llamó al Consejo de Defensa del Estado a pronunciarse si van a presentar acciones legales contra los certificantes, la comisión calificadora y a los subsecretarios del Interior de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

En esa línea, secretario de Estado emplazó a los ex presidentes a dar explicaciones.

La actual candidata presidencial Michelle Bachelet reiteró que se debe investigar seriamente.

El ex mandatario Ricardo Lagos afirmó que asume las cosas buenas y malas de su período, añadiendo que se apegaron a los procedimientos regulares, a través de las instituciones correspondientes.

Asimismo, el ex Jefe de Estado llamó a elevar el debate y no realizar “ventajitas” políticas en período eleccionario.

Pero los cuestionamientos durante esta semana no solo han apuntado a los parlamentarios o dirigentes de la oposición como Isabel Allende. quien lidera las certificaciones fraudulentas del estudio del Gobierno con 1.190, sino también el actual ministro del Interior Andrés Chadwick, cuando era senador por la región de O’Higgins.

Lo habían manifestado Jaime Gazmuri, Felipe Harboe y Jorge Insunza, a ellos se sumó el presidente del partido Socialista Osvaldo Andrade, en su defensa a la gestión de Lagos y Bachelet.

El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, respondió a Andrade con una carta que envió el 15 de mayo de 2001 donde relata al director de la Oficina de Exonerados Políticos Humberto Lagos, la situación de 60 trabajadores de la empresa Fiat en Rancagua, la cual habría sido intervenida 1979 por la Dictadura.

Desde Canadá, el presidente Sebastián Piñera no quedó aparte del caso de los falsos exonerados. El Mandatario apuntó que si en los gobiernos de la Concertación hubo abusos, estos serán sancionados.

Desde el comando de exonerados -que agrupa más de 10 mil socios-, la secretaria general Zaida Araya, aseguró que los anuncios del Gobierno se deben a una intervención electoral, aunque afirmó que está a favor de revisar los expedientes, pero no quitar los beneficios a quienes los recibieron apegados a la ley 19.234.

El 26 de octubre de 2011 la subsecretaría del Interior entregó al Consejo de Defensa del Estado 224 expedientes donde exonerados figuraban provenientes de empresas no calificadas como intervenidas por la Dictadura, y casos de menores de edad a la fecha de la exoneración que no acreditan relación laboral con algunas empresas.

Tres años antes, el 26 de noviembre el senador Camilo Escalona, entonces presidente del Partido Socialista, reconoció que habría permitido que las oficinas parlamentarias registraran a indigentes.

Según la minuta del informe final del proceso de revisión de los exonerados elaborado por la Subsecretaría del Interior el 9 de abril de 2012, las primeras falencias en organización y de funcionamiento “graves” al interior del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político fueron reveladas en junio de 2006, tras una auditoría del mismo organismo.

Estas fueron notificadas al subsecretario del Interior de Michelle Bachelet, Felipe Harboe, pero 17 meses después se constató que hubo una ausencia de los requerimientos.

Asimismo, reveló que el 69% de los certificados de las autoridades políticas presentes en los expedientes irregulares, fueron emitidos entre los años 1999 -ad portas de la elección presidencial- y 2000 -previo las parlamentarias-.

En 1999 fueron revisados un total de 2.163, de los cuales 1.332 eran casos irregularidades, mientras que en el 2000, de 4.488 casos estudiados 3.204 presentaban problemas.

Descarga aquí la Minuta del informe final por el proceso de revisión de expedientes de exonerados.

Descarga aquí la carta enviada por Andrés Chadwick, donde relata al director de la Oficina de Exonerados Políticos Humberto Lagos, la situación de 60 trabajadores de la empresa Fiat en Rancagua.

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