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Alcalde de La Calera apelará ante tribunal porteño para sobreseer causa por desacato en su contra

Municipalidad de La Calera
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El alcalde de La Calera, Eduardo Martínez, anunció que apelará ante la Corte de Valparaíso, contra la decisión del Tribunal de Garantía de esta ciudad que rechazó sobreseerlo temporalmente de la causa que se sigue en su contra por el delito de desacato, por el cual fue formalizado en enero tras haber ordenado la demolición de un edificio de propiedad municipal que era usado por la Universidad de Aconcagua (UAC) desde 2007.

Al respecto, el jefe comunal calerano indicó que “era previsible que el tribunal rechazara este recurso, pero creo que no es una resolución correcta, porque hay un fallo pendiente en la Corte Suprema que puede determinar que no caí en desacato. Entonces, podría suceder que el tribunal de Garantía me condene por un delito que la Corte Suprema podría establecer que jamás existió. Por ello vamos a apelar, ya que estamos convencidos que la Municipalidad siempre ha actuado en derecho”.

Martínez enfatizó, además, que “siempre hemos actuado defendiendo los intereses de nuestra comuna y, en este caso, era restituir el inmueble que ocupaba la Universidad para construir ahí nuestro Centro Cultural, que será de toda la comunidad de La Calera”.

El caso de desacato por el cual es investigado el alcalde Eduardo Martínez tuvo su origen en la demolición de la ex Escuela “Latorre”, inmueble que había sido declarado como inutilizable y que era utilizado por la UAC mediante comodato por diez años. Sin embargo, antes de cumplirse dicho periodo, la municipalidad solicitó a la entidad educacional la restitución del inmueble con el fin de construir allí un centro cultural cuya inversión, que alcanza los 900 millones de pesos, fue adjudicada a la comuna por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

La universidad, en tanto, se negó a devolver el inmueble e interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que resolvió que el municipio no podía demoler el recinto y que la situación debía zanjarse “por la vía judicial o administrativa”.

Fue esta última opción la que ejerció el alcalde Martínez al disponer la demolición de la ex Escuela Latorre, acción fundamentada, además, en documentos emitidos por el Ministerio de Obras Públicas que en 1994, declaraban a las instalaciones como “inutilizables” y, por lo tanto, como riesgosas para la seguridad de la comunidad.

Lo anterior derivó en que la Universidad de Aconcagua se querellara contra el alcalde Martínez al considerar que cometió desacato por no cumplir lo sentenciado por el Tribunal de Alzada porteño que, en su fallo, indicó que el municipio calerano debía “abstenerse de amenazar o demoler” el edificio hasta que el asunto fuera resuelto por la vía judicial o administrativa.

Consultado el alcalde Martínez, manifestó su “extrañeza e inquietud” porque “si se me acusa de desacato, la parte ‘ofendida’ sería la Corte de Apelaciones, cuyo fallo yo no habría acatado. Pero resulta que es la Universidad de Aconcagua la que se querella en mi contra, exigiendo que el municipio le pague casi 90 millones de pesos para desistirse”. Esto demuestra –puntualizó el jefe edilicio- que “todo este es un asunto de plata; la universidad sólo pretende recibir dinero municipal y eso no lo vamos a permitir”.

El jefe comunal explicó que la UAC formuló esta exigencia en una reunión del Fiscal con las partes, buscando una salida alternativa.

Martínez agregó que le extraña igualmente la participación –también como querellante en la misma causa- del Consejo de Defensa del Estado. “¿Qué intereses o patrimonio del Estado está en riesgo si construimos nuestro Centro Cultural?”, se preguntó el alcalde.

“Aquí quien defiende de veras los intereses estatales soy yo; no olvidemos que la municipalidad es una institución del Estado y se me está enjuiciando por impedir que una empresa privada quiera usar un inmueble estatal para ganar plata con la educación”, añadió.

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