La reparación a las víctimas del tsunami que confirmó el Gobierno, dejó en evidencia la responsabilidad que le cabe al Estado y sus autoridades que no alertaron el maremoto, según el presidente de RN en el Bío Bío, Frank Sauerbaum, querellante en la causa. El diputado se inclinó por un fondo compensatorio que se divida en partes iguales y también apuntó a la indagatoria en lo penal.
La confirmación del Gobierno respecto de las compensaciones para víctimas del tsunami de 2010, fue valorada por uno de los querellantes en la investigación por las descoordinaciones en la alerta que cobraron la vida de 156 personas.
El presidente de RN, diputado Frank Sauerbaum, comentó que la determinación del ejecutivo evidencia fallas y responsabilidad de éstas desde el aparato estatal, argumento legal que apuntaría también a la arista penal.
La reparación podría asumirse a través de una ley para estos fines, y que debiera ser visada por el Congreso, por lo que el diputado cree más factible un fondo común que se reparta entre cada familia, con el Consejo de Defensa del Estado como mediador entre ellas y el Gobierno para establecer la cifra de la compensación.
La iniciativa dejaría sin efecto las demandas en el ámbito de lo civil que también persiguen indemnizaciones no compatibles, y estarían dirigidas sólo a las víctimas del maremoto y no a fallecidos por otras causas relacionadas con el terremoto.
