temas del día

Notas


Matanzas de animales, silencio e impunidad

UDDA Chile (cc)
Publicado por
Envíanos tu corrección

El envenenamiento de 37 canes la madrugada del domingo 13 de enero en Punta Arenas, me recordó lo sucedido en marzo de 2006, cuando cerca de 80 perros del centro de Santiago fueron sacrificados en una camioneta de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) de la Región Metropolitana. El motivo “limpiar” el lugar para que el centro cívico se viera limpio durante la ceremonia de cambio de mando, en la que Michelle Bachelet asumió la Presidencia de la República.

Desde entonces, las organizaciones de protección animal han trabajado arduamente para perseguir y condenar a quienes perpetran o colaboran con estas matanzas. En 2006 marchas, funas, cartas de repudio, presentaciones a Contraloría, reuniones y mesas de trabajo con la autoridad –no existía la Ley de Protección Animal-, culminaron con la destitución del entonces Seremi de Salud, Mauricio Ilhabaca.

Él fue el chivo expiatorio y asumió el costo político y la crítica social – incluido un certero y mediático carterazo asestado por la actriz, y hoy concejala por San Bernardo, Soledad Pérez-, por una errada, facilista y condenable acción, perpetrada y ordenada por profesionales que continúan ejerciendo funciones y cargos públicos.

En Santiago, la justificación de la autoridad para la matanza de los animales de La Moneda fue el riesgo inminente de la transmisión de la Rabia, cuestión que con las semanas fue desmentida técnicamente con informes de la OMS que indicaban que desde 1972 no se reportan en el país casos en humanos transmitida por perros.

La matanza de Punta Arenas, en cambio, parece justificarse en las palabras del obispo católico Bernardo Bastres, quien a raíz del ataque de una jauría a un feligrés, no dudó en indicar a la Prensa Austral que deberían regir las mismas leyes que en Europa con respecto a los animales.

“Si no hay responsabilidad del dueño sobre los perros el Estado sí puede eliminar a los animales” y remató citando las escrituras que “todo está al servicio del hombre”. El domingo 13 luego de que más de 300 personas se tomaran la catedral magallánica en señal de repudio, Bastres dijo a los medios que condenaba la matanza, que no se podía tomar la justicia por las manos, pero que hay animalistas que hacen lo mismo (eliminar animales vagabundos).

Desde su posición e investidura, el obispo pareció olvidar que Chile es un estado laico y que la separación de la Iglesia de los poderes del Estado se materializó en 1925. Por lo mismo, es repudiable que desde el púlpito azuce y justifique, con o sin intención, -otorguemos el beneficio de la duda-, la comisión de ilícitos con una pasión y convencimiento que se extrañó en 2011, cuando se supo que habiendo conocido denuncias de abusos perpetrados a alumnos del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas, por su ex director el sacerdote Rimsky Rojas, indicara que no hubo denuncias formales y que alguien le comentó esto después del que el educador se suicidara en febrero de ese año.

En esa lógica cruzada por el ocultamiento y el desconocimiento de la independencia entre el Estado y la religión, dio cátedra de cómo apagar un conflicto. El lunes se reunió en el obispado con las agrupaciones animalistas de la zona, entre ellas algunas eutanásicas, y evacuó un documento suscrito por él y los animalistas en el que se repudia la matanza y los destrozos causados en la catedral; se comprometen a abogar ante las autoridades para avanzar en la tenencia responsable de mascotas, y dónde lamenta que sus dichos hayan causado molestia entre los defensores de los animales.

La verdad se lee bonito como resolución de conflicto, pero ¿quién repara el daño causado? ¿dónde está la disculpa del sacerdote que no se hace cargo del efecto y la fuerza de sus palabras? ¿Por qué sigue avalando la eliminación, escudándose en que hay organizaciones que también la practican? ¿Por qué no se compromete a perseguir y buscar a quienes envenenaron animales con y sin dueño? Las respuestas tardarán, pues la guinda de la torta del acuerdo suscrito el lunes 14 de enero, es una cláusula de silencio en torno a los temas tratados en la mesa de diálogo.

Sinceramente no es difícil colegir lo que sucedió durante las cuatro horas que se extendió la reunión. A la que por cierto asistió como facilitador un concejal de profesión abogado. Basada en experiencias pasadas no me extrañaría que los convocantes a la manifestación hayan sido veladamente amenazados con querellas por los destrozos en la Catedral, daño moral, etc, etc. Y que finalmente la bonhomía y el perdón esperado por el Obispo haya surgido y propiciado el acuerdo.

El acuerdo en cuestión no es más que una maniobra clásica de la comunicación para la crisis, materia en que la iglesia Católica tiene dos mil años de experiencia. Sin embargo, es necesario que la Conferencia Episcopal de Chile, evalúe la situación de Bastres, no es posible que un Obispo inste a la comisión de ilícitos y quede impune, como ha sido la práctica habitual de la Iglesia Católica en los últimos tiempos.

Alejandra Cassino M. Directora Ejecutiva Fundación CEFU

Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
Ver los comentarios (0)
Destacados