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Con arraigo quedan ingenieros de Huachipato formalizados por accidente donde murió un trabajador

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La medida cautelar de arraigo nacional decretó el Juzgado de Garantía de Talcahuano para los tres ingenieros de Huachipato formalizados este miércoles por su responsabilidad en el accidente ocurrido el año pasado en el Departamento Zincalum de la siderúrgica, en el cual un trabajador murió y otro resultó con lesiones graves. La magistrada Humilde Silva otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses para completar la investigación.

Patricio Ponce Martínez, Luis Salgado Ceballos e Irenio Orbenes Reyes son sindicados por la Fiscalía de actuar imprudentemente y con un conducta culposa al permitir que el 30 de marzo de 2011 se pusiera en marcha un equipo que era mantenido por los trabajadores Luis Sepúlveda Alarcón y Rolando Jara Benavente.

Producto de las decisiones y actos de los profesionales de la Siderúrgica Huachipato, según el fiscal Ernesto del Pino, Sepúlveda murió al ser aprisionado por el arrollador de la maquinaria y Jara resultó con su brazo derecho gravemente lesionado y secuelas permanentes.

Por petición de los abogados defensores, la magistrada prohibió la difusión de los rostros de los formalizados, quienes son representados por Mario Rojas, Andrés Cruz y Marcelo Torres.

Este último explicó que, no obstante discrepan de las conclusiones de la Fiscalía, entregarán toda la cooperación durante los tres meses que durará la investigación.

Como querellante en la causa, por las víctimas, la viuda Emilia Bustos, y el trabajador Rolando Jara, interviene en el proceso el abogado Fernando Saenger.

Consultado sobre el objetivo de la querella respondió que por ahora es la búsqueda de justicia, sin descartar que en el futuro se decida actuar civilmente por una indemnización.

Para Emilia Bustos, volver a revivir a través de un proceso judicial la muerte de su esposo, no es fácil, pero dijo que se vio obligada a recurrir a los tribunales al no encontrar respaldo de Huachipato en el establecimiento de las responsabilidades por el fatal accidente.

Por el accidente en el Departamento Zincalum, la siderúrgica fue sancionada administrativamente por la Seremi de Salud al pago de 800 unidades tributarias mensuales, equivalente a 30 millones de pesos.

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