Parlamentarios demócrata cristianos criticaron la lentitud de la Contraloría para pronunciarse sobre el supuesto intervencionismo electoral de ministros. El contralor Ramiro Mendoza reiteró la vigencia de un instructivo que obliga a las altas autoridades de Gobierno a no participar en actividades de ese tipo en horario laboral.
Preocupación hay entre parlamentarios de la DC por la demora de la Contraloría General de la República en pronunciarse sobre diversas presentaciones por actividades de ministros que consideran intervencionismo electoral.
La primera data de mayo, cuando los diputados DC Gabriel Ascencio y Gabriel Silber recurrieron a ese organismo por un acto en Recoleta, en el cual el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, en pleno horario laboral, llamó a votar por los candidatos a alcalde de la Alianza.
Se suma otro escrito de la semana pasada en que piden que investigue el gasto del Gobierno en publicidad, que los legisladores consideran propaganda en favor de autoridades presidenciables, y una tercera de esta semana en que denuncian al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, por participar en la proclamación de la candidata oficialista a la alcaldía de Arica, Ximena Valcarce.
El diputado Silber criticó el silencio del contralor Ramiro Mendoza y la larga tramitación de este tipo de denuncias, particularmente la referida a Golborne de hace tres meses atrás.
Recordó que ese organismo es el único contrapeso que tiene el Gobierno para obligar a los secretarios de Estado a cumplir con la prescindencia electoral.
El senador demócrata cristiano Jorge Pizarro, también llamó al contralor Mendoza a hacer cumplir las normas de prescindencia electoral a que están obligadas las altas autoridades de Gobierno.
Aunque aún no responde a las presentaciones de los parlamentarios de la DC, el contralor Ramiro Mendoza reiteró la vigencia de un instructivo de las elecciones municipales del 2008, en que se advierte que ministros y otras autoridades no pueden intervenir en actos de campaña en horario laboral, entre otras restricciones.
Mendoza precisó que en las próximas dos semanas responderá a la presentación de Silber y Ascencio sobre el gasto del gobierno en publicidad, que ascendería a 260 millones de dólares para éste y el próximo año, y que -según ellos- es mera propaganda para posicionar a los ministros presidenciables.
