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Recién asumida directora de Sename Bío-Bío enfrenta delicada situación judicial

Verónica Núñez | Sename.cl
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La nueva directora del Sename Bío-Bío, Verónica Núñez se encuentra en una polémica situación: Enfrenta una demanda civil por adeudar 27 millones de pesos a un banco que incluso habría llegado al embargo de bienes; otra que procedió a orden de arresto; además de 2 causas penales, una de ellas por prevaricación.

Antes de este último nombramiento, el Sename ya había estado envuelto en una polémica por la salida de la ex directora Jéssica Flores, militante de Renovación Nacional, cuya renuncia obligada correspondía a un supuesto mal desempeño que acusaba su mismo partido. Eso sí, el cupo quedaría en manos de la misma fuerza política, que entregó su terna de postulantes.

Sólo por un día asumió en el cargo, Rodrigo Díaz, jefe de gabinete del Seremi de Justicia, ya que horas después renunció. Esto dio paso para la desginación de la abogada Verónica Núñez, siempre apuntando a Claudio Eguiluz, presidente regional de RN como su promotor.

Ante sus problemas financieros ahora nace la duda del mejor candidato para la plaza pública. Roberto Coloma, Seremi de Justicia, dejó la responsabilidad en la Dirección Nacional del mismo Sename.

A poco menos de un mes de su nombramiento, sus antecedentes dan cuenta de un registro de demandas de ex trabajadores por cobro de prestaciones laborales.

A esto se suma que en noviembre de 2011, el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsión penquista emanó una orden de arresto, que Carabineros ejecuta el 13 de enero. La mujer habría pagado 75 mil pesos para evitar su encarcelación. Esta tendría relación con que no se habrían consignado las sumas que debieron descontarse de las remuneraciones de sus trabajadores en una consultora privada.

Más aún, el último día de enero habría sido embargada en su domicilio por una deuda impaga de 27 millones de pesos con un banco. Este embargo registró hace una semana, -cuando ya figuraba como directora- una ampliación que debiera fallarse por estos días.

Se suman dos causas penales. Una de ellas, por eventual prevaricación, delito que consiste en que una de las partes dicte resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo o judicial, sabiendo que dicha resolución es injusta, de cierta manera una traición al cliente.

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