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Esperanza y recelo en Brasil tras primera acción penal por crimen en dictadura

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La primera demanda penal presentada el miércoles en Brasil por crímenes durante la dictadura (1964-85) despierta la esperanza de familiares de víctimas del régimen, pero refuerza el malestar en ciertos sectores militares, ya recelosos por la creación de una Comisión de la Verdad.

Un grupo de procuradores presentó el miércoles a la justicia de Marabá (en el estado amazónico de Pará, donde actuó la guerrilla del Araguaia) una denuncia que acusa al coronel de la reserva del Ejército Sebastiao Curió Rodrigues de Moura del “secuestro” de cinco ex guerrilleros en los años 70′, “hasta hoy desaparecidos”, informó a la AFP el fiscal Tiago Rabelo.

“Esta acción es extremamente importante para nosotros, fundamentalmente porque esas personas van a ser llamadas a explicar lo que hicieron, tendrán que salir de las sombras”, explicó a la AFP la ex presa política Cecilia Coimbra, presidenta del grupo Tortura Nunca Más, que reúne a familiares de víctimas de la dictadura.

“Esta acción puede desenmascarar la represión horrible que hubo en toda esa región y es una oportunidad de reabrir el debate sobre la ley de amnistía”, dijo a la AFP el presidente de la ONG Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke.

A diferencia del resto del Cono Sur, Brasil no ha condenado a militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura, ya que la ley de amnistía de 1979 los protege de cárcel y juicios. Algunos familiares presentaron acciones civiles, que según Tortura Nunca Más fueron desconsideradas en altas instancias judiciales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en 2010 sin “efectos jurídicos” la ley de amnistía y ordenó a Brasil que determine responsabilidades penales y sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

Pero la Corte Suprema había corroborado ese año la validez de la ley de amnistía y ha insistido en que no puede revisarse.

La acción enciende la polémica en Brasil, que acaba de crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura. La Comisión, sancionada en noviembre por la presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera que sufrió tortura y cárcel durante el régimen militar, no conlleva acciones penales pero levantó recientemente la ira de sectores de las fuerzas armadas.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, estimó el miércoles que la que la acción penal no generará inquietud entre los militares. “Vivimos en un Estado de Derecho y las fuerzas armadas están perfectamente ajustadas a la realidad constitucional”, dijo el ministro.

Los responsables de los clubes militares, que representan a los oficiales en retiro, publicaron en febrero una carta con duras críticas al gobierno y en especial a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, por decir que en el futuro los militares podrían responder ante la justicia por crímenes durante la dictadura.

“La creación de la Comisión de la Verdad fue negociada con los militares y había sido aceptada. La presión es para garantizar que lo que fue aprobado no se extrapole: que la ley de amnistía no será revocada y que los militares no serán castigados” por la justicia, explicó a la AFP Marcelo Rech, editor del sitio Inforel y especialista en Defensa y Relaciones Internacionales.

“No interesa a ninguna de las dos partes revisar la ley de amnistía, porque en ese caso incluso la presidenta de la República podría ser juzgada, porque perteneció a un brazo armado de una organización disidente”, dijo Rech.

El presidente del gremio de los abogados de Brasil, Ophir Cavalcante, expresó “simpatía” por la acción penal abierta por los procuradores, pero dijo que sólo tendrá éxito si la Corte Suprema reconsidera la validez de la ley de amnistía.

Los procuradores afirman que su denuncia no contradice a la Corte, sino que se basa en dos decisiones de la máxima instancia judicial, que permitieron la extradición a Argentina a dos ex militares por considerar que sus delitos en la dictadura no prescribieron.

El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.

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