El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), tratado de libre comercio que negocian -desde 2005- Chile y varios países, contiene un capítulo referido a la propiedad intelectual, que podría modificar la legislación de nuestro país, de manera similar a la ley SOPA.

Así lo constató El Mostrador, medio que señaló que el ítem impulsado por la United States Trade Representative (USTR, Representante Comercial de Estados Unidos) es parte del convenio que involucra a Chile, Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Singapur, Vietnam, Malasia y por supuesto al país norteamericano, cuyas últimas conversaciones fueron de carácter privado luego de que así lo determinara la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).

Sin embargo, en febrero del año pasado, la ONG Knowledge Ecology International (KEI) filtró el contenido de la propuesta de EEUU, causando indignación en el Senado norteamericano.

En este sentido, el presidente de la organización Derechos Digitales, Claudio Ruiz, señaló a El Mostrador, que si se compara la mencionada propuesta con la ley SOPA, “te das cuenta de que son primas hermanas”. Por ello, el organismo que dirige ha presionado a Cancillería y a la misma Direcon para que se revele en qué estado de avance va el acuerdo, sin embargo, se les ha negado la información aduciendo a que está en juego “la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales”.

“Lo que está pasando hoy en día es que, con un perfil mucho más bajo de lo que pasó con SOPA y con Megaupload, se están llevando a cabo negociaciones en Chile respecto de un tratado que podría tener efectos bien similares”, afirmó Ruiz.

Entre los puntos del capítulo de propiedad intelectual del TPP, se considerarían incentivos a proveedores de servicios de Internet para que supervisen lo que los cibernautas suben y descargan de la web. De este modo, se pagaría a las empresas que proveen acceso a la red, a servicios en línea (como redes sociales y buscadores) y a sitios para compartir archivos similares a Megaupload, para que cumplan esta función.

“El sistema funciona con estímulos. Para evitar cualquier acción judicial en su contra, los prestadores deben colaborar y así ellos se hacen inmunes”, manifestó el abogado de Derechos Digitales, Francisco Vera.

Además, en el acuerdo se considera ampliar los plazos de protección a obras por derechos de autor, antes de que sean de dominio público.