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La pena capital sufre una lenta erosión en Estados Unidos

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Con una nueva moratoria decretada en Oregon (noroeste) y el descenso en las ejecuciones y las condenas a muerte, la pena capital sufre una lenta erosión desde hace 10 años en Estados Unidos, tanto en los hechos como en los espíritus.

“Estado tras Estado, lentamente, hay una erosión del apoyo a la pena de muerte”, dijo a la AFP Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DIPC).

El gobernador de Oregon anunció el martes una moratoria en su Estado, hasta el fin de su mandato, uniéndose de hecho al campo de los Estados que han suprimido la pena de muerte.

“Me niego a formar parte por más tiempo de ese sistema comprometido e inequitativo”, advirtió John Kitzhaber, calificando de “moralmente falsa” a la pena capital.

Suspendió al mismo tiempo la última ejecución programada del año y detuvo el contador en 43 condenados que fueron ejecutados en 2011 en todo el país. Esa cifra, en ligero descenso con respecto a 2010, ha sido más que dividida por dos desde los años 90, mientras que el número de condenas a muerte descendió en cerca de un tercio.

Sólo 12 Estados sobre 50 han aplicado la pena de muerte el año pasado.

En total, 16 Estados han abolido la pena capital o no la han adoptado tras su restablecimiento en 1976. Podrían, según los pronósticos de Dieter, agregarse a Oregon -probablemente desde el año próximo- los Estados de Maryland, Connecticut y California.

“Esto tomará aún un tiempo”, comentó Dieter, “la pena de muerte no habrá desaparecido en tres años, pero en 10 años hay una posibilidad”, añadió, subrayando que le tocará a la Corte Suprema de Estados Unidos el tomar una decisión.

También en la opinión pública el apoyo a la pena capital ha retrocedido, alcanzando su nivel más bajo desde hace 39 años.

Pero “el apoyo del público aún permanece constante y sólido”, destacó Robert Blecker, profesor de la New York Law School, citando un reciente sondeo de Gallup según el cual el 61% de los estadounidenses aprueban la pena de muerte.

“En su mayoría, los estadounidenses son favorables a la pena capital si hay una certeza absoluta” de culpabilidad, señaló igualmente David Schaefer, profesor del Holy Cross College, en Massacussetts (noreste), favorable a ese tipo de castigo.

Con la ejecución de Troy Davis, en septiembre, pese a las dudas sobre su culpabilidad, “estamos asistiendo a un nuevo escenario” en la manera de considerar la pena de muerte, estimó por su parte Steven Hall, de la organización abolicionista StandDown de Texas (sur).

“Idealmente, la pena de muerte está reservada a lo peor de lo peor”, dijo a la AFP, pero “la cuestión de la inocencia (eventual del condenado) se ha transformado en una gran preocupación”, precisó.

Nuevas voces se alzan entre los responsables, los fiscales, hasta en las filas de los ex guardias o responsables de prisiones, para protestar contra tal o cual ejecución o denunciar la crueldad de la inyección letal.

Desde 1973, 138 condenados a muerte han sido luego declarados inocentes o liberados, entre los cuales 17 de ellos luego de haber sido sometidos a exámenes de ADN, según el DIPC.

“Si ocasionalmente, muy raramente, ejecutamos a un inocente, como la pena de muerte es más disuasiva que la (condena a cadena) perpetua, en la balanza, hemos salvado vidas inocentes”, relativizó Blecker, quien se dice favorable a aplicar la pena capital para “los monstruos”.

Pero un reciente estudio que subraya que a 3 millones de dólares, si se incluyen todos los procedimientos judiciales que conllevan, una ejecución cuesta tres veces más caro que una condena a cadena perpetua sin posibilidad de liberación, no hace más que llevar agua para el molino de los abolicionistas.

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