El presidente venezolano, Hugo Chávez, promulgó este sábado una polémica ley que regula el alquiler de viviendas y que según la oposición acabará con el mercado de rentas inmobiliarias en el país, a la vez que creó un fondo para ayudar a los inquilinos a convertirse en propietarios.

“Un aplauso para todos los diputados y diputadas que trabajaron en esta ley, Ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, vamos a promulgarla de inmediato”, afirmó Chávez en un acto transmitido en cadena de radio y televisión, al firmar el texto.

“Estoy seguro de que no se dejarán envenenar por los ataques de la burguesía. La ley es para protegerlos y darles seguridad jurídica”, dijo el mandatario a los ciudadanos presentes en el acto, desestimando las críticas que aseguran que esta legislación acabará con las rentas inmobiliarias en el país.

La ley fue aprobada a finales de octubre por el Parlamento de mayoría oficialista, entre las críticas de los diputados de oposición que aseguraron que el nuevo texto legal viola el derecho a la propiedad.

Entre las disposiciones más polémicas de la ley están el impuesto a las viviendas desocupadas, la limitación de la rentabilidad anual, la potestad del Estado de determinar el canon de arrendamiento y las trabas para que el propietario recupere su vivienda de manos del inquilino.

Este sábado, Chávez también firmó un decreto para crear un fondo que facilitará créditos a las familias que estén alquiladas desde hace muchos años para comprar las viviendas en las que residen.

Asimismo, el mandatario creó una “empresa inmobiliaria del Estado” para adquirir, enajenar y traspasar viviendas, entre otras funciones.

Solucionar la crisis habitacional es una de las prioridades del gobierno del presidente Hugo Chávez, que lanzó un programa especial para compensar en los próximos seis años un déficit de unos dos millones de viviendas.

“Lo que nosotros queremos es no perder ni un día, por eso hoy estamos promulgando la ley”, dijo este sábado Chávez sobre la ley que, según el gobierno, provino de la iniciativa popular.

Según los oficialistas, la nueva legislación favorecerá a unas 750.000 familias que alquilan viviendas, mientras que los opositores destacan que responde a “la incapacidad del gobierno” de cumplir su meta de construcción de nuevas viviendas.