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Condenan a 14 militares en México por asesinato de cinco personas en retén

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Un consejo de guerra condenó a 14 militares en México por provocar la muerte en 2007 de tres mujeres y dos niños al disparar contra el auto en que viajaban porque no se detuvo en un retén en una carretera, informó este viernes la Secretaría de Defensa en un comunicado.

Esta es la primera condena emitida por un tribunal militar por acciones cometidas por soldados en el marco de la campaña contra los carteles del narcotráfico lanzada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón.

El comandante de la operación fue condenado a 40 años de prisión; el oficial a cargo del retén a 38 años y los 12 soldados que lo realizaban a 14 años de cárcel. Otros dos militares fueron absueltos y contra tres más se sigue el proceso.

Los disparos mataron a las cinco personas e hirieron a otras tres, todos miembros de una familia, que no se pararon en el puesto que los soldados habían establecido en una carretera cerca al poblado de La Joya, en el estado Sinaloa (oeste) en julio de 2007.

Los hechos “se derivaron de un lamentable error, pero la justicia militar actuó de manera transparente e imparcial”, señaló la Secretaría de Defensa.

La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideraba lo ocurrido en La Joya como un caso paradigmático de los excesos cometidos por militares en el marco de la lucha antidrogas.

Varios grupos de derechos humanos reclaman que la muerte o desaparición de civiles por militares sean investigados por tribunales ordinarios y no por la justicia militar. Una iniciativa en ese sentido hace trámite en el congreso.

Unas 45.000 personas han muerto en México desde diciembre de 2006 en una ola de violencia atribuida a la decisión de desplegar a más de 50.000 militares para perseguir a los carteles.

La mayoría de esas muertes corresponde -según el gobierno- a disputas entre carteles y a los delincuentes que mueren al enfrentarse a la fuerza pública, pero incluye también a policías y militares fallecidos en operativos y a civiles ajenos al crimen organizado.

Entre esos 45.000 muertos hay al menos 8.898 que no fueron identificados, mientras las denuncias de personas desaparecidas superan las 5.300 según un informe entregado en abril por la CNDH.

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