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Presidente uruguayo revoca decisión que impidió investigar violaciones a DDHH en la Dictadura

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El presidente uruguayo José Mujica revocó el jueves una resolución que impidió investigar violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1973-1985), mientras su partido evalúa un proyecto para anular una ley que evitó enjuiciar a los responsables de esos abusos.

Un comunicado difundido por la Presidencia indicó que Mujica habilitó reabrir la investigación sobre la desaparición de un militante comunista en 1975, lo cual podría ser el primer paso para revocar decenas de resoluciones de gobiernos anteriores que impidieron investigar casos de violaciones a los derechos humanos por considerarlos amparados por la Ley de Caducidad.

La Ley de Caducidad es una norma aprobada en 1986 que obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar.

“El presidente José Mujica firmó este jueves 12 una resolución que deja sin efecto una anterior del ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), por la cual se amparó el caso de la desaparición del ex militante comunista Álvaro Balbi en la Ley de Caducidad”, indicó el comunicado.

Agrega que “la decisión de Mujica habilita al Poder Judicial a reabrir la investigación” sobre Balbi, detenido en 1975.

Mujica fundamenta su resolución en una sentencia de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas, estimando que la ley local que lo impide “carece de efectos jurídicos”.

El semanario Búsqueda sostuvo en su edición del jueves que el presidente tiene a estudio cerca de 80 resoluciones de este tipo dictaminadas por anteriores gobiernos.

Mujica dijo a periodistas que “se pueden revocar todas” esas resoluciones.

La Ley de Caducidad fue aprobada un año y medio después de otra ley que amnistió a los presos y perseguidos políticos, cuando la Justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Con la llegada de la izquierda al poder, en 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios. Desde entonces, una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez (militar) y Juan María Bordaberry (civil) y un militar en actividad- fueron encarceladas por violaciones a los derechos humanos.

La decisión de Mujica ocurre cuando el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) está embarcado en un duro debate sobre un proyecto legislativo para anular la Ley de Caducidad.

Este proyecto es cuestionado en el seno del FA y en la oposición porque dos plebiscitos para derogar la Ley, convocados por la izquierda en 1989 y en 2009, fueron derrotados en las urnas.

Después de que Mujica manifestara públicamente su rechazo al proyecto de anulación de la Ley de Caducidad, la Mesa Política del FA convocó este jueves a un Plenario el próximo sábado para decidir si lo abandona.

El último Plenario del FA había mandatado a los legisladores a votar un proyecto interpretativo que deja sin efecto tres artículos de la cuestionada norma. Este proyecto fue aprobado en abril en el Senado con la ajustada mayoría del FA, pero a costa de la renuncia de un senador oficialista y el voto en contra de otro.

Mujica dijo el jueves que si bien está de acuerdo con la “intención” del proyecto de anular la Ley de Caducidad, discrepa con el camino elegido.

En su audiencia radial semanal “Habla el presidente”, el mandatario argumentó que se “le está pasando por arriba a dos plebiscitos” y que para aprobarlo “se está haciendo uso de una mayoría parlamentaria ínfima, conseguida con menos del 1% de los votos, a gatas”.

Mujica dijo además que duda de que el proyecto de anulación de la ley sea lo mejor para el país o para el porvenir del FA.

A su vez, en un fallo difundido el jueves, la Suprema Corte de Justicia consideró que los crímenes cometidos durante la dictadura son homicidios, y no delitos de lesa humanidad -como reclamaba una fiscal- por lo que prescribirían como delitos en noviembre de este año.

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