El crimen de una ex prisionera de la dictadura (1976/83) y testigo en causas por delitos de lesa humanidad, pudo haber sido cometido por un sicario, estimó el martes la vicegobernadora de la provincia argentina de Santa Fe, Griselda Tessio.
“No se descarta ninguna hipótesis. Llama poderosamente la atención el ensañamiento de los supuestos ladrones, ya que se comprobó la faltante de elementos del comercio. Sabemos que puede aparecer como robo y ser otra cosa: un sicario, alguien pago”, subrayó Tessio a una radio provincial.
Silvia Suppo, de 51 años, apareció asesinada el lunes de varias puñaladas en su comercio de artesanías de la localidad santafecina de Rafaela (centro-oeste), una ciudad de cerca de 100.000 habitantes y, en un primer momento, la policía vinculó el hecho a un delito común.
La vicegobernadora, miembro del gobierno socialista que preside Hermes Binner, lamentó que ninguna autoridad de la provincia hubiera conseguido convencer a Suppo de que se inscribiera en el programa de protección de testigos.
“En Rafaela no había tantas personas en condiciones de declarar y hubiera sido posible protegerla”, señaló.
Suppo fue una testigo importante el año pasado en el juicio contra el ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión por delitos cometidos en dictadura.
Numerosos testigos que declararon y deben aún declarar en causas por crímenes de lesa humanidad han recibido amenazas, pero el caso paradigmático es el del albañil Julio López, quien permanece desaparecido desde setiembre de 2006.
López (77 años), testigo clave del juicio contra el temible ex comisario de policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz, desapareció el mismo día en que el represor fue condenado a cadena perpetua.
El gobierno puso en marcha un programa de protección de testigos, pero muchos se niegan a aceptarlo porque desconfían de las fuerzas de seguridad y argumentan que todavía subsisten agentes que formaron parte del terrorismo de Estado.
