El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, anunció que el SII volverá al “criterio histórico” en materia de querellas por delitos tributarios, en momentos en que se alistarían nuevas acciones legales en el caso SQM contra personeros de la Nueva Mayoría.

El criterio que se busca restablecer reduce el campo de acción del Ministerio Público en los casos de financiamiento ilegal de la política, al contar sólo con querellas nominativas y no “contra quienes resulten responsables”, concepto bajo el cual se pudo formalizar, por ejemplo, a Pablo Longueira y Patricio Contesse en el caso SQM.

El anuncio se realizó durante la cuenta pública de 2015 en la Contraloría General de la República, donde Barraza tildó de ácidas e injustas las críticas al organismo, respecto al uso político de las acciones judiciales, que hasta ahora han sido emprendidas principalmente contra personeros de derecha.

Una iniciativa emanada desde el Ministerio Público sugiere extender la posibilidad de querellarse por delito tributario a otros organismos, ya que actualmente es una facultad privativa del Servicio de Impuestos Internos.

El senador Carlos Montes (PS), señaló que es partidario de apoyar la propuesta, aunque defendió que el SII tenga la prioridad. “Esto no es blanco o negro esto, hay que evaluar las distintas fórmulas”.

En otra materia, el director del SII defendió al subdirector jurídico de la institución, Bernardo Lara, tras los cuestionamientos a su gestión, luego de haber colaborado en la conformación de la Fundación Dialoga ligada a la Nueva Mayoría y en la campaña de Michelle Bachelet.

Lara descartó referirse a sus nexos con Dialoga y pidió que se respete su trayectoria como abogado. En una entrevista publicada en La Tercera, defendió la tendencia a efectuar sanciones pecuniarias por sobre las penales en los casos de delito tributario.

La doctrina de Bernardo Lara, quien defiende sólo las querellas nominativas, ha sido ampliamente cuestionada, luego que en un caso en 1993, según consigna Ciper, haya insistido incluso en la Corte Suprema por querellas “contra quienes resulten responsables”, acción judicial de la que hoy reniega y que permite al Ministerio Público investigar con mayor amplitud.