14 son las clínicas que ajustarán sus pagarés y mandatos, eliminando una serie de clausulas abusivas a las cuales debían acceder los usuarios a la hora de solicitar alguna atención médica.

Tras dicho proceso, estos centros (pertenecientes todas al servicio privado), se sumarán al trabajo realizado con anterioridad por Clínica Indisa, Bicentenario y Dávila con lo que se adecuarán a los estándares que establece la Ley del Protección de los Derechos de los Consumidores.

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, destacó que los recintos asistenciales accedieran a este proceso y dijo, espera que “este nuevo estándar se replique en el resto de las instituciones privadas de salud del país“.

Para lograr dicho cometido, no descartó que se realicen nuevas gestiones colectivas con otras clínicas.

Es así, como las clínicas que accedieron a realizar el proceso son:

Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile
Hospital Clínico Universidad de Chile
Clínica Santa María
Clínica Antofagasta
Clínica Las Lilas
Clínica Alemana
Clínica Vespucio
Clínica Tabancura
Clínica Universidad de Concepción
Clínica Cordillera
Clínica Los Carrera
Clínica Avansalud
Clínica Ciudad del Mar
Clínica Las Condes

Hay que hacer presente que la máxima autoridad del Sernac, destacó el trabajo realizado tanto con los centros de salud como con las diversas universidades que se sumaron a la iniciativa, todo en beneficio directo de quienes deben acceder a sus prestaciones.

Las clausulas

Entre los cambios que comenzarán a aplicar y los problemas que solucionarán dichos centros de salud, destacan:

Informar a los pacientes del detalle de los diferentes gastos en los que incurrirán por los distintos procedimientos médicos, como los montos que deberán pagar por temas administrativos, entre ellos: costos notariales o impuestos.

No se indicaba claramente la responsabilidad del aval del paciente.

Cláusulas donde las instituciones se eximían anticipadamente de responsabilidad en caso de algún incumplimiento.

Normas donde los usuarios renunciaban anticipadamente a sus derechos a reclamar o a realizar denuncias ante la justicia.

Cláusulas que podrían implicar la vulneración de los datos personales de las personas, por cuanto las empresas no establecían qué información y en que circunstancias la podían utilizar, entre otras disposiciones.