Este lunes el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, manifestó que la continuidad de la Prueba de Selección Universitaria como único instrumento de admisión para los planteles de educación superior podría ser analizada.
Lo anterior se enmarcaría en el debate de la reforma a la educación superior, proyecto que estaría en manos de la presidenta Michelle Bachelet en el transcurso de esta semana.
“Vamos a discutir una ley de educación superior que probablemente va a abordar el conjunto del sistema, y si de ese análisis, de ese debate, surgen también otras adecuaciones, como por ejemplo el de la PSU, sin duda son objetos posibles de análisis, de modificación“, manifestó el vocero
Sobre el proyecto en sí, Díaz indicó que se intenta abordar todas las aristas de la educación superior en la iniciativa, explicando de esta manera la postergación de su ingreso al Congreso comprometido para este año por el Ejecutivo: “Lo que estamos tratando de construir a partir del proyecto de ley es un nuevo modelo de educación superior, y por lo tanto todas las dimensiones relativas a la educación superior sin duda van a ser objeto de consideración en el proyecto”.
Sin confirmar si se ingresará el proyecto de reforma a la educación al Congreso, el vocero de La Moneda dijo que el documento será analizado por la jefa de Estado junto a la ministra Adriana Delpiano para someterlo a un debate amplio, por lo que su envío se fijaría para marzo de 2016.
La titular de Educación también confirmó que la PSU es una prueba administrada por el DEMRE, pero que es un tema que se debe conversar.
“Efectivamente el tema de la PSU lo toma el Consejo de Rectores. Ellos son los que han visto permanentemente esta situación, y tendrán que revisarlo si es que efectivamente hay argumentos de señalamiento de que a lo mejor no estarían considerando todos los elementos. No es un tema del Ministerio, pero sí lo vamos a conversar con todos los rectores”, aseguró la ministra.
Pagaré de U. Autónoma: “No es un procedimiento regular”
El ministro se refirió además a la situación de la Universidad Autónoma, que exigió firmar pagarés a estudiantes que podrían acceder a la gratuidad, como una garantía si el Estado no paga la carrera.
Marcelo Díaz explicó que un pagaré no está en el espíritu de la ley de gratuidad, por lo que confirmó las conversaciones entre el Ministerio de Educación y la Universidad, calificando este episodio como un hecho menor.
“La gratuidad garantiza los recursos para la universidad que ha cumplido con los requisitos, que se ha incorporado al sistema precisamente para el financiamiento de la educación superior de los alumnos que ingresen a dicha casa de estudios”, explicó.
