Más de 7 mil son los empleos de emergencia que entrega la Intendencia del Bío Bío, trabajos que son administrados por 22 unidades ejecutoras. De éstas, tres son privadas y hasta el momento se elegían por trato directo. Sin embargo, a partir del 2016, deberán pasar por un sistema similar al de licitación pública para evitar irregularidades como las registradas este año.

Tres son las líneas de distribución de los trabajos de emergencia en el Bío Bío: el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que entrega más de 7 mil cupos en la región; la Subdere a través de los PMU que gasta cerca de $12 mil millones al año para entregar trabajo en la cuenca del Carbón; y la Intendencia, cuyos datos no pudimos entregar en el informe anterior, debido a que el encargado regional de Pro Empleo no respondió.

Frente a esto, el vocero de Gobierno del Bío Bío, Enrique Inostroza entregó este lunes la explicación del tema.

Esta línea es encabezada por Alejandro Astete, militante PPD y quien según señaló Inostroza “no está autorizado para entregar información a los medios de comunicación, salvo en contadas ocasiones, ya que es el vocero de Gobierno quien debe hacerlo”.

Cabe indicar que al momento de ser consultado previo al primer informe de este tema, Inostroza no indicó que el encargado regional de Pro Empleo – línea intendencia – no estaba autorizado para entregar esta información; que por cierto, es pública.

¿Cómo funcionan los Pro Empleo de la línea Intendencia?

En la Región del Bío Bío la Intendencia entrega más de 7.500 cupos de trabajo administradas por 22 unidades ejecutoras, de las cuales 18 son municipalidades. También existe un ejecutor mixto público privado que es la comisión administración del Parque Pedro del Río Zañartu y tres ejecutores privados: Crea Bío Bío; representada por Boris Carrasco; Contigo Igual, asociada a José Ramirez e Ingenieria y Capacitación Sur, de Alejandro Quirgas.

Este año, y frente a irregularidades evidenciadas por la ONG Renacer los Ríos – administradora de cupos – por los supuestos descuentos arbitrarios en las remuneraciones de los trabajadores, Inostroza informó que se trabaja en reemplazar el trato directo en la elección de las unidades ejecutoras, por un sistema similar al de licitación pública, para que cualquiera pueda postular. La modificación debería comenzar a funcionar el año 2016.

El seremi de Gobierno afirmó que las ONG que manejan estos trabajos no tienen fines de lucro. Eso sí, tienen gastos de administración que paga el Estado, no tienen el objetivo de “enriquecer” a la organización.

289 mil pesos es el sueldo que recibe cada uno de estos 7.585 trabajadores al mes; pero ¿cómo se fiscaliza que estos recursos sean bien utilizados? Inostroza indicó que existen varias formas de fiscalizar que estos dineros sean invertidos para lo que fueron designados.

Los dineros destinados para financiar estos más de 7 mil empleos salen del Presupuesto de la Nación, ya que cuando – año a año – se discute el presupuesto que se entrega al Ministerio del Trabajo, en el Congreso se concuerda la partida que permite financiar – región por región – este tipo de fondos.