El fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, confirmó que abrió de inmediato una investigación penal tras ser notificado ayer lunes de la tarea que le asignó el fiscal nacional Sabas Chahuán, de indagar la presunta comisión del delito de violación de secreto en la causa, también conocida como Penta-SQM.

El anuncio se hizo oficial ayer respecto a la investigación por las posibles filtraciones de información en esta indagatoria por el financiamiento ilegal de la política, y esta filtración habría beneficiado al imputado Rodrigo Peñailillo mientras aún era ministro del Interior.

La denuncia y la supuesta responsabilidad de Ayala en estas filtraciones fueron manifestadas en la declaración que efectuó en calidad de testigo el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos Cristián Vargas el 23 de julio.

Guerra informó que en la tarde de este martes viajará a Santiago y mañana comenzará con las primeras diligencias.

Del mismo modo, aclaró que la indagatoria no es de dedicación exclusiva y, en caso de que se requiera, la decisión sería adoptada por Sabas Chahuán.

Cristian Núnez (RBB)

Cristian Núnez (RBB)

Entre las primeras diligencias del fiscal Guerra se encontraría la toma de declaraciones a los involucrados, el fiscal Ayala y el ex subdirector jurídico del SII, junto con revisar parte del expediente del caso Penta-SQM.

En tanto el director ejecutivo nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott – quien suena como candidato a ser el próximo fiscal nacional-, le restó dramatismo a la investigación, recordando que él también fue indagado cuando ejerció como fiscal regional de Valparaíso. Descartó al respecto que exista inquietud al interior de la institución y precisó que en la Fiscalía no hay personas con fuero.

“No hay una alarma porque se están ocupando los procedimientos que se ocupan habitualmente. Habrá una alarma respecto a la base de la investigación, pero la investigación en sí misma no es sino una manifestación clara, concreta, precisa, del fiel cumplimiento de la ley por parte del Ministerio Público y aplicando el principio que el fiscal nacional ha señalado, que aquí se va a investigar a cualquier persona”, señaló.

Una vez que finalice la indagatoria, el fiscal Guerra deberá decidir si dicta cargos contra el persecutor imputado y remitir sus conclusiones al fiscal nacional, quien decide si pasará los antecedentes al pleno de la Corte Suprema para analizar una eventual medida de destitución.