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Imagen: Edificio Alto Río | Agencia Gradual
El fiscal regional del Bío-Bío, Julio Contardo, desmintió los dichos del abogado defensor en el caso edificio Alto Río, derrumbado durante el terremoto del 2010. Lo anterior, luego de que el jurista garante, Alejandro Espinoza, señalara a La Radio que la fiscalía comentió un error de incongruencia durante las acusaciones a los imputados.
Durante el proceso de formalización, los abogados querellantes presentaron acusaciones por cuasidelito de homicidio, contra Pedro Ortigosa, Ricardo Baeza y Mario Valeria, además de cuatro personas más, representantes de la inmobiliaria Río Huerquén y la constructora Socovil. Sin embargo, según el jurista defensor, en el juicio los fiscales acusaron a los imputados de homicidio.
Según Espinoza, la fiscalía argumentó que los imputados sabían que los materiales con los que estaba construido el edificio no cumplían con la normativa chilena, y que igualmente la utilizaron para abaratar costos.
En conversación con La Radio, el abogado defensor de 3 de los imputados, Alejandro Espinoza, se refirió a estas acusaciones lo cual calificó de incongruentes con las presentadas durante la formalización.
Esta situación, según el abogado Espinoza, infrige las garantías constitucionales de sus defendidos debido a que los acusados deben tener completo conocimiento de los cargos que se les formulan.
Sin embargo, el fiscal regional del Bío-Bío Julio Contardo, desmintió los dichos del abogado Espinoza.
El fiscal agregó que la acusación de homicidio por parte de los abogados querellantes, quienes sí acusan de delito a los representates de la inmobiliaria, es una apreciación distinta a la del Ministerio Público, ya que ellos consideran que es una acción intencionada.
Por su parte, el abogado querellante de 4 víctimas de homicidio y 4 de lesiones y que mantienen una demanda paralela a la del Ministerio Público, Renato Fuentealba, denunció que de todas formas existen pruebas para determinar que hubo homicidio en este caso.
Las penas por cuasidelito llegan a 800 días, mientras que por delito pueden llegar hasta los 12 años.
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