La Fiscalía de Tarapacá presentó una acusación en contra del actual alcalde de Arica, Waldo Sankán, y otros tres ex funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), por los delitos de estafa – en el caso del edil- y fraude al fisco y falsificación de instrumento público respecto de los otros acusados.

En la acusación, la Fiscalía de Iquique expone que el actuar de los ex funcionarios públicos Cornelio Chipana Herrera, Eduardo Ramírez Cayo, Juan Huaranca Vara y Sankán Martínez, quien al momento de los hechos era representante legal de la consultora que se adjudicó el proyecto, causó un perjuicio a la Conadi que alcanza la suma total del proyecto denominado “Acciones de apoyo para el traspaso de predio fiscales y/o inmuebles fiscales a organizaciones indígenas de la provincia de Iquique año 2004”.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el alcalde Waldo Sankán aparentó el cumplimiento del citado proyecto, para lo cual presentó declaraciones de gastos sin respaldo documental en su contabilidad, no entregó estados de avances del proyecto, o los hizo llegar incompletos y con información falsa.

Además, señala que la empresa adjudicataria “nunca contrató a los profesionales que supuestamente trabajarían en la obra e incluso Sankán presentó las declaraciones juradas de estos profesionales con firmas falsas a fin de obtener la adjudicación. De igual forma, contrató a honorarios, en calidad de procurador, a su hermano Cristian Sankán Martínez, al que le fueron pagados parte de los fondos fiscales destinado a los profesionales, por un monto de 2 millones de pesos, contraviniendo la cláusula cuarta del convenio para la ejecución del proyecto”.

La Fiscalía explicó que, con ocasión del citado proyecto, los imputados Chipana Herrera, Ramírez Cayo y Huaranca Vara realizaron una serie de actuaciones con el propósito de defraudar al fisco y obtener por parte de éste la liberación de boletas de garantía a favor de Sankán Martínez.

Para ello, los funcionarios de Conadi habrían incumplido maliciosamente los deberes que su cargo les imponían, omitiendo realizar labores de supervisión y control, y por el contrario, emitieron informes que daban por cumplidas las etapas del proyecto, sin que – según la Fiscalía – ello hubiere ocurrido realmente.

A juicio del fiscal, estos hechos configuran los delitos de Fraude al Fisco y Falsificación de Instrumento Público respecto de los acusados Cornelio Chipana, Eduardo Ramírez y Juan Huaranca, y de Estafa respecto del imputado Waldo Sankán.

A los tres primeros la Fiscalía les está solicitando una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, mientras que al acusado Sankán le está solicitando la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo.

La Justicia está ofreciendo como prueba para el juicio oral el testimonio de 25 testigos y peritos, además de 100 documentos.