Imagen: La Polar | Erasmo Taurán (RBB)

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La comisión investigadora del caso La Polar aprobó por 12 votos a favor y uno en contra el informe en el que se establecen responsabilidades de los ejecutivos de la multitienda y las distintas instancias fiscalizadoras.

El voto negativo fue del diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards quien argumentó que este documento no defiende a los consumidores.

En tanto, cinco fueron los diputados miembros de la comisión investigadora del caso La Polar que redactaron este informe, el cual fue aprobado en su mayoría y quedó listo para ser votado en la sala de la cámara de diputados.

Cabe destacar que el documento establece responsabilidades políticas e institucionales, ya sea de los superintendentes de bancos y valores, Servicio Nacional del Consumidor y los ejecutivos de la multitienda, entre otros. Así lo destacó el diputado DC, Fuad Chahín.

El documento también entrega una serie de recomendaciones que tienden a fortalecer las labores de fiscalización preventiva, entregando mayores facultades de regulación y sancionatorias al SERNAC, sugiriendo una legislación especial para la protección de los usuarios de tarjetas de créditos, junto con una baja de la tasa máxima convencional.

En este contexto, el presidente de la Comisión, el diputado UDI Gonzalo Arenas, destacó que se debe superar el esquema de fiscalización por superintendencia pasando a comisiones.

Quien no quedó conforme con este informe fue el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Para el legislador este documento se enfoca en la supervisión financiera olvidándose de la defensa del Consumidor.

Edwards sostuvo que es muy débil la responsabilidad que se le asigna a la auditora Price wather House (PwH), que para la comisión actuó de forma negligente; además de la labor del Sernac anterior, que nunca inició una demanda colectiva con las miles de denuncias.

Para finalizar, cabe destacar que el informe incluye responsabilidades de autoridades anteriores desde el año 2006 y no se descarta posibles acusaciones constitucionales en contra de los responsables de las entidades fiscalizadoras, por su supuesta negligencia en la revisión de las empresas del retail.