El asesinato a balazos de una jueza que investigaba el crimen de tres niños ocurrido en 2010 y por el cual está acusado un oficial del Ejército estremeció a Colombia, país donde los funcionarios judiciales son frecuentemente amenazados.

La jueza Gloria Costanza Gaona fue asesinada de cinco tiros en la cabeza el martes en la población de Saravena, provincia de Arauca (este, fronteriza con Venezuela), donde adelantaba el proceso por la violación de dos adolescentes y el posterior asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanos pequeños, en octubre de 2010.

Ese crimen había sacudido a Colombia y fue reseñado por la oficina de la alta comisionada para los derechos de la ONU como “el más dramático de violencia sexual” ocurrido en este país el año pasado.

La jueza, de 37 años y madre de dos niñas que residen en el centro de Colombia, estaba también a cargo de casos por rebelión a integrantes de las guerrillas izquierdistas FARC y ELN, muy activas en Arauca.

En febrero pasado, organizaciones de derechos humanos de la región denunciaron que testigos del caso del homicidio de los tres hermanos estaban siendo intimidados.

También aseguraron que la defensa del oficial del Ejército acusado por ese caso intentaba demorar el juicio.

Gaona no había recibido amenazas y no contaba con protección policial cuando fue atacada por un joven, al regresar de un fin de semana largo con su familia, según sus allegados.

El asesinato de la jueza fue rechazado inmediatamente por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que ofreció una recompensa 500 millones de pesos (unos 265.000 dólares) por información que permita esclarecer el crimen.

La Defensoría del Pueblo, en tanto, pidió radicar el juicio en otra región del país “para que se pueda adelantar en condiciones adecuadas de seguridad”.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, en los últimos cuatro años han sido asesinados cinco jueces en Colombia, y se han recibido más de 750 amenazas, especialmente en la rama penal.

“Contra los jueces, sus familias y sus bienes pesan amenazas”, reconoció el presidente de la sala administrativa de la Judicatura, Hernando Torres.

Gustavo Gallón, director de la ONG Comisión Colombiana de Juristas, consideró de su parte que el crimen de la jueza Gaona “es supremamente grave y doloroso”.

“Se requiere un pronto esclarecimiento del caso, pues los funcionarios judiciales viven constantemente en situación de gran peligro. Muchos sufren amenazas y otros tienen que salir del país”, dijo Gallón a la AFP.

A principios de marzo, la fiscal antimafia Ana Margarita Durán abandonó Colombia debido a amenazas.

Además, cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos de los cuales terminaron su periodo en 2010, tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estos magistrados, que investigaban vínculos entre dirigentes políticos y grupos paramilitares de extrema derecha, habrían sido víctimas en los años recientes de escuchas ilegales, intimidación y hostigamiento.

Por las relaciones entre políticos y paramilitares están procesados más de 120 políticos. El año pasado, diez congresistas fueron condenados y uno absuelto.

El gremio de jueces y fiscales anunció una jornada de protesta para el próximo viernes, con un cese parcial de actividades en rechazo del incremento de los asesinatos y amenazas en su contra.