La Corte de Apelaciones de Concepción fijó para el próximo viernes la lectura del fallo sobre los testigos sin nombre, que el Ministerio Público pretende utilizar contra los comuneros mapuche, acusados de atentar contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, en la comuna de Tirúa.

Son 36 testigos, a los cuales el Ministerio Público pretende proteger de eventuales represalias de parte de cercanos a los comuneros mapuche, acusados de organizar y ejecutar el atentado que en octubre del año 2008 sufrió el fiscal Mario Elgueta y su comitiva policial, en el sector Puerto Choque de Tirúa

Sin embargo, el juez de Garantía de Cañete, John Landeros, le prohibio a la fiscalia utilizar a estos 36 testigos, por lo cual el fiscal Andres Cruz apeló a la Corte de Concepción, planteando que no se afecta el derecho a defensa de los imputados, ya que existe la posibilidad de contrainterrogar a estas personas durante el juicio.

La versión contraria la sostiene el defensor penal público de los comuneros, Pelayo Vial, quien además de denunciar que no tienen acceso a la totalidad de las declaraciones de los testigos sin nombre, insiste en que ello afecta la calidad de defensa de sus representados.

En los alegatos participó también como querellante la Gobernación de Arauco, lo que para la vocera de los mapuche en huelga en la Cárcel El Manzano de Concepción, Natividad Llanquileo, significa que el Gobierno actúa con doble estándar.

La segunda sala de la Corte penquista anunció que el próximo viernes entregará el fallo sobre la utilización o no de los testigos protegidos contra los mapuche imputados de atentar contra el fiscal Elgueta.