Expertos de la Universidad de Chile precisaron que la distribución del ingreso en el país está mejor que en la década anterior. También dijeron que falta complementar con más datos la encuesta Casen para evaluar dicha situación.

Como algo poco serio, catalogaron académicos del Centro de Micro Datos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el sacar conclusiones apresuradas a partir de las cifras de distribución del ingreso contenidas en la última encuesta Casen.

David Bravo, director del Centro, indicó que no se puede evaluar la brecha económica sin tener en cuenta todos los aportes de las políticas sociales llevadas adelante en los últimos años.

Bravo aclaró que el ingreso autónomo son los sueldos de las personas sin ninguna política social, sin ningún subsidio, y que los ingresos efectivos de las personas son los monetarios más los subsidios, tanto en efectivo como en asistencia social.

Es más, aseguró que si se hace la comparación con la década anterior, estamos en un escenario relativamente más favorable, porque el año 2006 la distribución del ingreso mejoró, de acuerdo a todos los indicadores, y el año 2009 se mantuvo.

Por su parte, el académico Oscar Landerreche, dijo que hay que ser cuidadoso ante la tentación de generar titulares con este tipo de temas, ya que incluso cuando si se considera el ajuste con transferencias monetarias, se está dejando afuera todos los aportes en bienes que han significado las políticas de protección social de las administraciones anteriores.

Entre ellas, mencionó los incrementos en la subvención escolar, los aportes al AUGE y las contribuciones al sector vivienda. Precisó que todos esos no son transferencias monetarias, pero si en bienes, y que son necesarios para realizar las imputaciones respecto de la distribución del ingreso.

Los expertos precisaron que esperan que Mideplan entregue pronto los todos datos para poder evaluar seriamente la situación, ya que se trata de una cuestión patrimonial, porque la implementación de políticas públicas es algo que se hace con recursos fiscales, y no se puede sacar conclusiones ligeras sobre programas simplemente haciendo comparaciones triviales de la información.