Lo que para un paciente sin conocimientos médicos era una señal evidente de que algo no estaba bien, terminó siendo uno de los elementos considerados por la justicia para establecer la responsabilidad del Servicio de Salud O’Higgins.
La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó una demanda por falta de servicio presentada por un hombre cuyo brazo dominante debió ser amputado tras una serie de negligencias en el diagnóstico y tratamiento de una fractura que sufrió en el Hospital Regional de Rancagua.
El tribunal, además, aumentó de $40 millones a $60 millones la indemnización que deberá recibir por concepto de daño moral.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la sentencia fue que el propio paciente advirtió al médico tratante que algo no marchaba bien. Sin ser especialista ni tener conocimientos técnicos en medicina, le manifestó que su extremidad presentaba un mal estado y fenómenos que consideraba anormales, entre ellos, un mal olor.
Incluso, llegó a grabar uno de los controles médicos, antecedente que para la Corte resulta relevante, pues permitiría establecer que las señales de deterioro no eran algo reciente ni aislado.
Pese a esas advertencias, el tribunal estableció que la expulsión de un perno y de material óseo fue explicada al paciente como una circunstancia normal dentro de su recuperación.
De acuerdo con el fallo, no se adoptaron entonces las medidas diagnósticas necesarias para determinar qué estaba provocando esas manifestaciones ni la gravedad de la infección que afectaba el hueso.
La explicación recibida hizo que el hombre entendiera que lo que estaba ocurriendo era parte de la evolución esperable de su tratamiento. Así, continuó soportando los intensos dolores que presentaba.
Terminó perdiendo su brazo dominante
La situación, sin embargo, estaba lejos de ser normal.
Meses después, la infección había alcanzado tal gravedad que la amputación se convirtió en la alternativa necesaria para resguardar su vida.
Para la justicia, este punto también fue determinante al momento de establecer el monto de la indemnización.
El hombre se desempeñaba antes de los hechos como trabajador de temporada en labores agrícolas, una actividad eminentemente física en la que el uso de sus extremidades era fundamental. La pérdida de su brazo dominante, por lo mismo, no solo afectó su vida cotidiana, sino también su principal actividad laboral.
A ello se sumaron las consecuencias psicológicas acreditadas y la pérdida de autonomía derivada de la amputación.
El tribunal también descartó los argumentos del Servicio de Salud respecto de una eventual responsabilidad del propio paciente por su conducta o adherencia al tratamiento. A juicio de los ministros, aquello no permitía desvirtuar la falta de servicio establecida ni reducir la responsabilidad determinada en primera instancia.
Finalmente, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, pero elevó la indemnización por daño moral de $40 millones a $60 millones.
Para fijar esa cifra, se consideró, entre otros factores, la pérdida irreversible del brazo dominante, la edad del afectado, el impacto sobre su autonomía y actividades cotidianas, las consecuencias psicológicas y laborales y, especialmente, las circunstancias en que se produjo el deterioro de su salud.
En particular, la sentencia valoró que el paciente había advertido que existía un problema y que, pese a ello, recibió una explicación que le hizo entender que lo que estaba ocurriendo era parte de una recuperación normal. Solo meses después supo que la infección había alcanzado una gravedad que hizo necesaria la amputación.
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