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Treinta años después de la histórica agenda de igualdad de género en Beijing, surge la pregunta sobre si los derechos de las mujeres retroceden. Hechos como la anulación del fallo Roe vs. Wade en EE. UU., propuestas conservadoras como el "voto por hogar" y proyectos en Chile para escuchar los latidos fetales antes de un aborto generan debate. Informes internacionales señalan una reacción organizada contra la igualdad de género, que obstaculiza avances y revierte derechos en ciertas regiones. Aunque hay avances, como más acceso a la educación y participación política, estos se desaceleran y algunos países restringen derechos considerados consolidados. La ONU Mujeres y otros informes alertan sobre una reacción contra la igualdad de género, mostrando un panorama complejo con retrocesos, estancamientos y avances insuficientes en áreas como empleo, representación política, violencia de género y autonomía económica. Las estadísticas muestran que los derechos de las mujeres no retroceden universalmente, pero la percepción de retroceso se alimenta de debates y propuestas que cuestionan avances históricos en materia de igualdad.
Treinta años después de que 189 países —incluyendo Chile— aprobaran en Beijing una de las agendas internacionales más ambiciosas para alcanzar la igualdad de género, una pregunta vuelve a instalarse con fuerza: ¿los derechos de las mujeres están retrocediendo en el mundo? La interrogante ha cobrado especial relevancia tras una serie de hechos que han marcado el debate internacional en los últimos años, como la anulación del fallo *Roe vs. Wade* en Estados Unidos que protegía el derecho al aborto; la creciente visibilidad de sectores ultraconservadores de ese país que plantearon la idea de reemplazar el voto individual por un “voto por hogar” representado por el jefe de familia; o, más recientemente, el proyecto presentado en Chile para que las mujeres que soliciten un aborto en las tres causales legales deban escuchar los latidos del corazón fetal antes del procedimiento.
Para algunos, estos episodios son señales de una ofensiva contra derechos que parecían consolidados; para otros, forman parte de debates democráticos sobre materias valóricas. Pero, más allá de las percepciones, ¿qué dicen realmente las cifras y los principales organismos internacionales? ¿Existe un retroceso global o se trata de fenómenos aislados? La evidencia muestra un panorama bastante más complejo.
En términos históricos, las mujeres tienen hoy más acceso a la educación, al empleo, a la participación política y a protecciones legales que hace tres o cuatro décadas. Sin embargo, los avances se han desacelerado y, en algunos países, derechos que se consideraban consolidados han sido restringidos o directamente eliminados.
La conclusión que se desprende de los principales informes internacionales apunta a que no existe un retroceso universal y simultáneo, pero sí una reacción organizada contra la igualdad de género, capaz de frenar reformas, debilitar instituciones y revertir derechos en determinadas regiones.
Vamos desglosando…
Uno de cada cuatro países reconoce una reacción contra los derechos de las mujeres
Uno de los antecedentes más contundentes aparece en el informe Los derechos de las mujeres 30 años después de Beijing, publicado por ONU Mujeres en 2025.
El documento reunió información entregada por 159 Estados y constituye una de las revisiones mundiales más amplias sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995.
Según el informe, casi una cuarta parte de los países reconoció que una reacción adversa contra la igualdad de género estaba dificultando la aplicación de los compromisos asumidos en Beijing.
ONU Mujeres advierte que los actores contrarios a estos derechos no siempre consiguen eliminar las leyes existentes. En muchos casos, su estrategia consiste en bloquear nuevas reformas, recortar presupuestos, obstaculizar la implementación de políticas o desacreditar el concepto mismo de igualdad de género.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas también describe este fenómeno como una “escalada” de la reacción contra la igualdad.
De acuerdo con el organismo, esta ofensiva puede manifestarse en campañas contra la educación sexual, restricciones a los derechos reproductivos, ataques contra organizaciones feministas, persecución de defensoras de derechos humanos y narrativas que presentan la igualdad como una amenaza para la familia o las tradiciones nacionales.
Hay avances, pero son lentos
La existencia de retrocesos no significa que todos los indicadores estén empeorando, pero los avances son mínimos y lentos.
El Índice Global de Brecha de Género 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, estimó que la igualdad entre hombres y mujeres alcanza un 68,8% a nivel mundial en participación económica, educación, salud y representación política.
Entre los 145 países comparables con la edición anterior, el progreso fue muy leve: el indicador pasó de 68,4% en 2024 a 68,8% en 2025.
Lo más preocupante es que, al ritmo actual, el Foro Económico Mundial estima que la paridad completa tardaría aproximadamente 123 años en alcanzarse.
Por eso, hablar únicamente de “progreso” también puede ser engañoso. Una mejora de algunas décimas no necesariamente se traduce en transformaciones perceptibles para las generaciones actuales.
En el empleo, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo informó que en 2024 solo el 46,4% de las mujeres en edad de trabajar estaba empleada, frente al 69,5% de los hombres.
Aunque esa distancia se ha reducido durante las últimas décadas, la OIT calcula que, manteniendo el ritmo actual, igualar las tasas de empleo tomaría cerca de dos siglos.
Las leyes avanzan más rápido que la realidad
Una de las mayores dificultades para medir los derechos de las mujeres es la distancia entre lo que establece una ley y lo que ocurre en la vida cotidiana.
El informe Women, Business and the Law 2026, del Banco Mundial, analizó las condiciones legales y económicas de las mujeres en 190 economías.
Su conclusión fue que ninguna de ellas había alcanzado una igualdad económica legal completa.
En promedio, los marcos jurídicos examinados otorgaban a las mujeres cerca de dos tercios de los derechos económicos reconocidos a los hombres. Pero el problema era aún mayor en la práctica: las instituciones y políticas destinadas a aplicar esas leyes funcionaban aproximadamente a la mitad de su capacidad esperada.
Esto significa que un país puede prohibir formalmente la discriminación laboral y, al mismo tiempo, carecer de inspecciones, sanciones efectivas, sistemas de cuidado, licencias parentales o mecanismos accesibles para denunciar abusos.
Por lo tanto, un aumento en el número de leyes igualitarias no garantiza necesariamente una expansión equivalente de la autonomía económica de las mujeres.
La representación política crece, pero comienza a estancarse
La participación política femenina es otro ejemplo de progreso acompañado de señales preocupantes.
En 1995, las mujeres ocupaban apenas el 11,3% de los escaños en los parlamentos nacionales. A comienzos de 2026, la cifra alcanzaba el 27,5%, según la Unión Interparlamentaria, de acuerdo a un informe de Inter Parlamentary Union.
El aumento en tres décadas es significativo. Sin embargo, durante 2025 el avance fue de solo 0,3 puntos porcentuales, uno de los ritmos más bajos registrados desde 2017.
Además, la proporción de mujeres que presidían parlamentos cayó por primera vez en 21 años. En enero de 2026, ellas representaban el 19,9% de quienes encabezaban estas instituciones, casi cuatro puntos porcentuales menos que el año anterior.
Las cifras muestran que las mujeres están ingresando gradualmente a los espacios legislativos, pero siguen muy lejos de ocupar la mitad del poder político.
También revelan que los avances no son irreversibles: la presencia femenina puede aumentar en los escaños y disminuir al mismo tiempo en los cargos de mayor jerarquía.
Afganistán: el ejemplo más extremo de una regresión
El caso más evidente de pérdida masiva de derechos es Afganistán.
Desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, las autoridades han impuesto sucesivas restricciones a la educación, el empleo, la movilidad y la presencia pública de las mujeres.
Afganistán es actualmente el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido estudiar más allá de la educación primaria (similar a la “básica” en Chile). Unesco estima que cerca de 2,2 millones de niñas se encuentran excluidas de la enseñanza secundaria debido a estas medidas.
Las restricciones también han afectado al periodismo. De acuerdo con la Unesco, más del 80% de las mujeres que trabajaban en medios de comunicación afganos perdió su empleo desde 2021.
La prohibición de estudiar carreras universitarias y de acceder a determinadas profesiones amenaza, además, servicios esenciales para las propias mujeres. En un país donde las pacientes pueden enfrentar restricciones para ser atendidas por hombres, impedir la formación de médicas, enfermeras y trabajadoras sanitarias compromete el acceso futuro a la salud.
En este caso no se trata solo de un estancamiento, sino de una eliminación deliberada de libertades que las mujeres habían ejercido durante años.
La violencia permanece prácticamente estancada
El derecho a vivir sin violencia es otra de las áreas donde el progreso ha sido insuficiente.
Las estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2025 concluyeron que cerca de 840 millones de mujeres, aproximadamente una de cada tres, habían sufrido violencia física o sexual de una pareja o violencia sexual de otra persona en algún momento de sus vidas.
Solo durante los 12 meses anteriores al periodo medido, unos 316 millones de mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja.
La OMS señaló que la reducción de la violencia de pareja fue de apenas un 0,2% anual durante las dos décadas analizadas. Es decir, la prevalencia mundial prácticamente no ha cambiado desde comienzos de siglo.La persistencia de estas cifras también permite cuestionar cuánto valen las garantías legales cuando no existen prevención, protección, acceso a la justicia y recursos suficientes para las víctimas.
El informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2025 señala, por ejemplo, que solo 63 países contaban con leyes sobre violación basadas expresamente en la ausencia de consentimiento.
Pobreza, cuidados y dependencia económica
El panorama económico tampoco permite hablar de igualdad cercana.
El informe The Gender Snapshot 2025, elaborado por ONU Mujeres y la División de Estadística de Naciones Unidas, estimó que 376 millones de mujeres y niñas vivían en pobreza extrema en 2025.
Esto equivalía al 9,2% de la población femenina mundial, frente al 8,6% de los hombres y niños.
Si las tendencias actuales continúan, 351 millones de mujeres y niñas todavía vivirán con menos de 2,15 dólares diarios en 2030.
A esto se suma la distribución desigual del trabajo doméstico. En promedio, las mujeres dedican alrededor de dos veces y media más tiempo que los hombres a tareas domésticas y de cuidados no remunerados.
La sobrecarga limita el tiempo disponible para estudiar, trabajar de manera remunerada, participar en política o acceder a posiciones de liderazgo.
Por eso, el derecho formal a trabajar puede quedar debilitado cuando no existen guarderías, sistemas de cuidado, licencias adecuadas o una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares.
Los derechos reproductivos, en el centro de la disputa
La salud sexual y reproductiva es uno de los principales campos de confrontación.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió en su informe sobre el Estado de la Población Mundial 2025 que millones de personas no pueden tomar libremente decisiones sobre si quieren tener hijos, cuántos desean tener o en qué momento.
Entre las barreras identificadas aparecen el costo de vida, la falta de vivienda, la ausencia de servicios de cuidado, la discriminación laboral y las restricciones al acceso a anticonceptivos, aborto y tratamientos de fertilidad.
Desde esta perspectiva, la autonomía reproductiva no consiste únicamente en evitar embarazos no deseados. También implica que las personas puedan formar las familias que desean sin coerciones estatales, económicas, familiares o religiosas.
UNFPA, la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva, advirtió además que los recortes de financiamiento internacional y la creciente oposición a los derechos sexuales y reproductivos están debilitando servicios de salud, especialmente en contextos humanitarios y países de bajos ingresos.
¿Por qué se produce esta reacción?
El informe sobre reacción contra la igualdad elaborado por ONU Mujeres y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social identifica un fenómeno que no se limita a un país, una religión o una región.
Según la revisión de investigaciones académicas de la última década, los movimientos contrarios a la igualdad suelen vincular sus campañas con discursos sobre la protección de la familia, la infancia, la soberanía nacional o los valores tradicionales.
También tienden a agrupar bajo la expresión “ideología de género” asuntos diferentes, como la educación sexual, el aborto, los derechos de las personas LGBT, las políticas contra la violencia y los programas de igualdad laboral.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sostiene que esta reacción se vuelve especialmente peligrosa cuando coincide con el debilitamiento de las instituciones democráticas.
En esos contextos, los ataques contra los derechos de las mujeres suelen avanzar junto con restricciones a la libertad de prensa, el derecho a manifestarse, la independencia judicial y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
No se trata, por tanto, de una disputa aislada sobre costumbres. Los derechos de las mujeres pueden funcionar como un indicador del estado general de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos.
Del debate político a la percepción de retroceso
Más allá de las estadísticas, la sensación de que los derechos de las mujeres están retrocediendo también se ha visto alimentada por debates políticos recientes que han generado amplia controversia en distintos países.
En Estados Unidos, durante los últimos años ha ganado visibilidad en algunos sectores ultraconservadores el movimiento conocido como “pronatalista” o vinculado a la llamada “Nueva Derecha”, cuyos representantes han cuestionado avances históricos en materia de igualdad de género.
Entre las propuestas más polémicas figura el llamado “household voting” (“voto por hogar”), una idea impulsada por algunos comentaristas y académicos conservadores que plantean que el voto debería emitirse a nivel del hogar y no de manera individual. En la práctica, sus críticos advierten que esto podría traducirse en que el hombre —tradicionalmente considerado el “jefe de familia”— represente políticamente a todo el grupo familiar, eliminando el sufragio individual de las mujeres casadas.
Aunque esta propuesta no ha sido presentada como un proyecto de ley en el Congreso estadounidense ni cuenta con apoyo mayoritario, su sola circulación en ciertos espacios políticos y mediáticos ha sido interpretada por especialistas como un ejemplo de la reacción cultural contra derechos considerados ya consolidados.
A ello se suma la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 2022, revocó el histórico fallo Roe vs. Wade, permitiendo que numerosos estados prohibieran o restringieran severamente el acceso al aborto, considerado por muchos analistas como uno de los mayores retrocesos en derechos reproductivos de las últimas décadas.
Chile también ha vivido debates que algunos sectores interpretan bajo esa misma lógica.
Este mes, un grupo de diputados, liderados por el libertario Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de ley que propone que, antes de practicarse un aborto permitido bajo las tres causales legales, la mujer sea invitada a escuchar los latidos del corazón fetal.
Sus impulsores sostienen que la iniciativa busca garantizar un consentimiento plenamente informado y entregar más antecedentes antes de una decisión trascendental.
Sin embargo, organizaciones feministas, especialistas en bioética y agrupaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han cuestionado la propuesta, argumentando que introduce una carga emocional innecesaria en un procedimiento médico ya regulado por la ley y que podría transformarse en un mecanismo de presión sobre mujeres que enfrentan situaciones extremadamente complejas.
Aunque la iniciativa aún debe ser discutida por el Congreso y está lejos de convertirse en ley, su presentación reactivó el debate sobre los límites entre el derecho a recibir información médica y el riesgo de establecer nuevas barreras para acceder a prestaciones ya reconocidas por la legislación chilena.
Entonces, ¿los derechos de las mujeres están retrocediendo?
Los datos no permiten afirmar que todas las mujeres del mundo tengan hoy menos derechos que hace treinta años.
Desde 1995 han aumentado la representación parlamentaria, la escolarización femenina, las protecciones contra la violencia y las leyes que prohíben la discriminación. El propio informe de ONU Mujeres señala que, durante los cinco años anteriores a su publicación, el 88% de los países había aprobado leyes o creado servicios destinados a enfrentar la violencia contra mujeres y niñas.
Pero tampoco el progreso continúa de forma automática.
En algunos lugares existe una regresión directa, como Afganistán. En otros, se han producido restricciones específicas en salud reproductiva, educación o participación pública. En una parte considerable del mundo, el problema principal es el estancamiento: los derechos existen en el papel, pero carecen de recursos, instituciones o voluntad política para hacerse efectivos.
En definitiva, el mundo vive una combinación de avances lentos, desigualdades persistentes y retrocesos localizados, dentro de un clima político cada vez más hostil hacia las políticas de igualdad.
Los derechos conquistados durante las últimas décadas no han desaparecido globalmente, pero los informes internacionales coinciden en que ya no pueden considerarse garantizados ni irreversibles.
