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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha rechazado la normativa afgana aprobada por los talibanes que permite el matrimonio infantil, considerándola una violación grave de los Derechos Humanos. El Comité pide la derogación inmediata de esta medida que vulnera los derechos de los menores, especialmente de las niñas, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y daños físicos y psicológicos. Además, alerta sobre un patrón discriminatorio hacia las niñas en Afganistán, como la prohibición de educación secundaria y superior. La situación económica extrema en el país impulsa a más familias a la pobreza, obligándolas a decisiones desesperadas como el matrimonio infantil.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha condenado este lunes la normativa aprobada hace más de una semana por las autoridades ‘de facto’ instauradas por los talibanes en Afganistán que permite el matrimonio infantil y ha denunciado que la medida considera el silencio de los menores de edad como una forma de consentimiento, advirtiendo de los efectos en millones de niñas de lo que supone esta violación “grave” de los Derechos Humanos.

“El matrimonio infantil, en el que al menos una de las partes es menor de 18 años, constituye una práctica nociva y una forma de matrimonio forzado, dado que los niños carecen inherentemente de la capacidad para dar un consentimiento pleno, libre e informado al matrimonio”, recordó en un comunicado el Comité, en respuesta al decreto número 18 sobre derecho de familia con el que el Gobierno talibán autoriza las uniones matrimoniales con personas menores de edad arreglados por familiares que no sean el padre o el abuelo.

El Comité ha instado al Gobierno talibán a “derogar de inmediato todas las medidas que vulneran los derechos” de los menores, incluido el matrimonio infantil, advirtiendo de que “cualquier marco jurídico que normalice o facilite” las uniones con menores de edad “viola sus derechos, menoscaba su dignidad inherente y las priva de su autonomía y oportunidades futuras”.

Se trata, ha indicado, de una “violación fundamental de los derechos”, incidiendo en particular en sus efectos sobre las niñas, quienes quedan expuestas a “mayores riesgos de violencia, explotación, embarazo precoz y forzado, interrupción de la educación y daños físicos y psicológicos a largo plazo”.

Así, este grupo de 18 expertos independientes en derechos del niño lamenta que este tipo de medidas han privado a millones de niñas afganas de sus derechos fundamentales, han debilitado su futura participación económica y social, y han profundizado la pobreza y la desigualdad en todo el país”.

El reglamento, titulado ‘Principios de separación entre cónyuges’, distingue a las niñas que han alcanzado la pubertad de aquellas que están casadas para “legitimar el matrimonio” de las primeras.

En este sentido, el Comité ha rechazado que la pubertad sea considerada como “un requisito para la mayoría de edad ni para la capacidad legal de contraer matrimonio”, considerando que esta disposición es “totalmente incompatible” con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado en 1989.

El Comité alertó además que el decreto, que consta de 31 artículos y regula de manera estricta las condiciones bajo las cuales se puede disolver, anular o forzar la separación de un matrimonio en Afganistán, “establece que el silencio de una niña al llegar a la pubertad puede interpretarse como consentimiento para contraer matrimonio”.

Al respecto, manifestó “su profunda preocupación” más allá del decreto, ante un “patrón más amplio de medidas discriminatorias” por parte de las autoridades talibán hacia las niñas, citando, como ejemplos, la prohibición de que estas puedan recibir educación secundaria y superior.

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UNICEF consigna que la situación económica extremadamente grave en Afganistán está empujando a más familias a una pobreza aún mayor y obligándolas a tomar decisiones desesperadas, “como poner a trabajar a los niños y casar a las niñas a una edad temprana”.

“Dado que a la mayoría de las adolescentes todavía no se les permite regresar a la escuela, el riesgo de matrimonio infantil es ahora aún mayor. La educación suele ser la mejor protección contra mecanismos de afrontamiento negativos como el matrimonio infantil y el trabajo infantil”, añade el organismo.

En tanto, un informe de UN Mujeres detalla que el 80% de las mujeres afganas ha sido expulsada del mercado laboral. Hoy en día, tienen prohibido trabajar en bancos, ONGs y agencias humanitarias de la ONU, así como tampoco pueden ejercer como fiscales, juezas o diputadas.

El País señala que a las pocas que aún tienen un empleo se les exige que un pariente varón las acompañe en el trayecto de ida y vuelta a su lugar de trabajo. Quienes se atrevan a caminar por las calles sin su “tutor” se arriesgan a ser encarceladas y torturadas.

A su vez, tienen prohibida la entrada a parques, jardines, gimnasios, baños públicos, restaurantes y cafés. Tampoco pueden realizar deportes o conducir.

El citado medio añade que desde el 14 de mayo es legal que un hombre adulto viole a una niña en Afganistán. El llamado “Código de separación judicial de los cónyuges” legaliza el matrimonio infantil argumentando que basta con el silencio de la menor para justificar el “consentimiento”.

La publicación de este reglamento se suma a una serie de normativas drásticas impuestas por el régimen talibán, las cuales desmantelan por completo las leyes previas de protección a la mujer y legalizan ‘de facto’ el control absoluto del hombre sobre el ámbito doméstico.

Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos también han expresado su preocupación por el hecho de que los talibán estén codificando cada vez más interpretaciones radicales de la jurisprudencia islámica en las regulaciones estatales, institucionalizando las restricciones basadas en el género a través del sistema legal.