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El 23 de enero de 2025, en su primer discurso oficial como candidato presidencial, José Antonio Kast hizo una promesa que definió su campaña: “Vamos a quitar la cultura woke. En Chile se va a saber muy bien lo que son los woke”. Prometió terminar con el “identitarismo divisorio” y con los gustitos ideológicos de la política chilena, sin embargo, un año y medio después, cuando esta semana el Senado cierra la discusión de la megarreforma, vale la pena tomarle la palabra y medir a su gobierno con su propia vara.
¿Qué es lo que la derecha llama “woke”? La filósofa Susan Neiman lo sistematizó en un libro que la derecha mundial cita con entusiasmo: “La izquierda no es woke”. Lo criticable del fenómeno, sostiene, es el abandono del universalismo en favor de la política para tribus particulares, la preferencia por el gesto simbólico por sobre la transformación material, y la sustitución de la evidencia por el dogma. Esa es la definición que los propios antiwoke suscriben. Apliquémosla, entonces, a la medida estrella del gobierno: la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años.
Primero, el particularismo. Los datos del Servicio de Impuestos Internos son elocuentes: el 65% de los adultos mayores de Chile no tiene vivienda propia, y de quienes sí la tienen, tres de cada cuatro ya no pagan contribuciones porque sus propiedades están bajo el umbral exento, esta política no beneficia a “los adultos mayores”, sino más bien beneficia a la minoría de la minoría, incluidas unas 207 mil personas con ingresos superiores a los dos millones de pesos mensuales.
Es un privilegio categorial, definido por identidad etaria y patrimonio, no por necesidad. Identitarismo, habría dicho el candidato Kast.
Segundo, el símbolo por sobre lo material. La exención costará unos 70 millones de dólares que dejarán de percibir los municipios. Es decir, se financia debilitando la salud primaria, la seguridad, el retiro de basura y el alumbrado: los servicios universales que usan todos los vecinos y, en primer lugar, los adultos mayores más pobres, esos que no tienen casa propia y a quienes esta reforma no les regala nada.
Una política que dice proteger a la tercera edad recortando lo que la tercera edad más ocupa no es protección: es un gesto.
Tercero, el dogma por sobre la evidencia. Aquí no hace falta interpretar, porque el gobierno lo ha dicho con todas sus letras, cuando alcaldes de todos los sectores políticos propusieron focalizar el beneficio en quienes realmente lo necesitan, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, les respondió que no creen en la focalización por una “situación de principios”. Cuando la prensa le preguntó si se consideraría el ingreso de los beneficiarios o el valor de las propiedades, respondió que no, porque lo que los motiva es “una visión de lo que son los impuestos” y ante el Senado ratificó que la exención universal “no es negociable”.
Economistas de la propia derecha, como Klaus Schmidt-Hebbel, y exdirectores de Presupuestos de Piñera advirtieron el costo fiscal de la medida y pidieron instrumentos mejores, pero nada de eso importó, la ideología manda.
Esta semana el Senado votó y el balance ya está a la vista: el gobierno nunca cedió, escuchó a los alcaldes, escuchó a los técnicos, escuchó a su propio sector, y eligió su doctrina. Y esto inevitablemente resulta irónico considerando que el gobierno que prometió quitar la cultura woke gobierna con su misma gramática, para una población privilegiada, un gesto ideológico costoso y un dogma innegociable.
Lo más grave, sin embargo, no es la ironía sino el precedente. Cuando un gobierno declara que la evidencia no se considera y que sus principios no se negocian, no está simplemente defendiendo una reforma: está redefiniendo cómo se gobierna.
La democracia funciona cuando los datos, los territorios y las mayorías pueden corregir a la doctrina; deja de funcionar cuando la doctrina se blinda contra todos ellos, los municipios pagaremos la cuenta de este gustito ideológico. Pero la cuenta más cara, la que se paga en deliberación democrática degradada, la pagaremos todos.
María Eugenia Pino
Concejala de Providencia
