La identidad no se legisla

El problema del proyecto que busca restringir el reconocimiento de la calidad indígena no es solo que modifica una ley. Es que parte de una premisa profundamente equivocada: que la identidad mapuche es algo que el Estado debe autorizar.

Cada cierto tiempo reaparece una discusión que creíamos superada: quién tiene derecho a decir “soy mapuche”. Algunos insisten en sembrar la idea de que basta con “sentirse indígena” para acceder a beneficios o que la autoidentificación es una especie de fraude institucionalizado. Ese discurso no solo es jurídicamente incorrecto. También desconoce la historia de Chile.

La autoidentificación no nació de un capricho ni de una concesión política. Es el estándar internacional reconocido por el Convenio 169 de la OIT y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos vigentes para Chile. Y nuestra propia Ley Indígena no se limita a la declaración personal: exige acreditar vínculos culturales, prácticas o formas de vida propias del pueblo al que se pertenece. Quienes sostienen que “basta con sentirse mapuche” simplemente omiten deliberadamente lo que dice la ley.

Pero el problema de fondo no es jurídico. Es histórico.

Durante décadas, el Estado chileno impulsó políticas que buscaron invisibilizar la identidad mapuche. Miles de niños fueron castigados por hablar mapuzugun en las escuelas. Muchas familias dejaron de enseñar su lengua y ocultaron sus costumbres porque hacerlo significaba discriminación, humillación o castigo. No fue una decisión libre; fue una estrategia de supervivencia.

Las consecuencias siguen presentes. Hoy existen miles de personas cuyos abuelos ocultaron su identidad para proteger a sus hijos. ¿Vamos a decirles ahora que ya no tienen derecho a recuperar aquello que el propio Estado les obligó a esconder? Sería convertir la discriminación histórica en un argumento para negar derechos en el presente.

Por eso la autoidentificación no es un privilegio. Es una herramienta de reparación. Permite que quienes fueron separados de su cultura puedan volver a ella, aprender su lengua, reencontrarse con su comunidad y transmitir ese orgullo a las nuevas generaciones. Eso fortalece a los pueblos indígenas y también fortalece la democracia.

Por supuesto que, como ocurre en cualquier sistema, pueden existir usos indebidos. Nadie lo desconoce. Pero los eventuales fraudes se investigan y se sancionan. Lo que no corresponde es utilizar casos aislados para poner bajo sospecha la identidad de todo un pueblo. Nadie propone eliminar las pensiones porque alguien las obtuvo fraudulentamente. Del mismo modo, no se puede cuestionar el derecho a la identidad de cientos de miles de personas por la conducta de unos pocos.

Me preocupa que este debate resurja cada vez con más fuerza. Porque no busca mejorar la legislación ni fortalecer los mecanismos de acreditación. Lo que busca es reinstalar la idea de que otros pueden decidir quién es suficientemente mapuche y quién no. Esa lógica ya la conocimos. Fue precisamente la que llevó a generaciones completas a ocultar quiénes eran.

Chile tiene una deuda con los pueblos indígenas. Esa deuda no se salda obligando nuevamente a las personas a demostrar su identidad frente a la sospecha permanente. Se salda garantizando que nunca más un niño tenga miedo de decir de dónde viene, fortaleciendo la enseñanza del mapuzugun y entendiendo que la identidad no se concede desde una oficina del Estado.

Cuando hoy alguien dice orgullosamente “soy mapuche”, está recuperando una historia. Y cuando un país cuestiona ese derecho, no está discutiendo un trámite administrativo. Está decidiendo si quiere seguir reproduciendo la exclusión o avanzar, por fin, hacia una reparación que debió comenzar hace mucho tiempo.