Los padres de los niños que fueron obligados a casarse están en serios problemas con la justicia española. El caso los tiene con un pie en prisión y con la opinión pública apuntándolos desde que se conoció el caso.
Un grupo de policías vigiló afuera de la Hacienda Atarazana, en Sevilla, España, una boda infantil. Unos padres acusados de vender a su hija de 12 años, los principales blancos a sorprender.
La operación de la Policía Nacional española no era una exageración en lo absoluto. Las autoridades de esa nación europea contaban con información de una presunta denigrante transacción llevada a cabo por una pareja de esposos, quien habría cedido a su hija para ser la esposa en una boda arreglada con otra pareja culturalmente afín.
Varias horas de una recepción en la elegante residencia, con jardines amplios, además de videos que ellos mismos subieron a las redes sociales, dieron las evidencias a la justicia local para proceder contra suegros y consuegros, según el medio europapress.es.
En España, tanto como fuera de este país, el suceso no ha pasado desapercibido. Cuando se creyó que los matrimonios arreglados eran cosa de otras culturas, como la árabe, el baldazo de realidad salpica a regiones más occidentales.
Una primera boda infantil en el centro de Europa
Todo habría comenzado en redes sociales, pero esa es la coartada, o estrategia de defensa, que usan los involucrados en el tema.
Una niña, de tan sólo 12 años, según la acusación, fue obligada por sus padres a comprometerse con un niño, al parecer de su misma edad, con quien pusieron en contacto para conocerse.
Los padres de Raúl, “el novio”, dieron el visto bueno a la que sería su esposa. Por lo anterior, todo fue arreglado en poco tiempo para que se casaran pronto. La prematura pareja, en tanto, mantenían contacto por mensajes de texto, según sus 4 progenitores.
El 24 de junio de 2021, en Rumania se celebró una primera boda. La situación no fue para nada sencilla, sobre todo para la menor. Antes de dar el paso, tuvo que pasar por una denigrante prueba para demostrar su “pureza”.
Un acto que garantizaba su virginidad: los padres acusados de vender a su hija de 12 años
Dentro de los planes de los cuatro padres para consumar la unión entre sus hijos, estuvo una insólita demostración, en detrimento de la dignidad de la infante: La prueba del pañuelo.
Se trata de la introducción del pedazo de tela en la vagina de la joven o mujer, para ver si recoge sangrado al romperse el himen, según lo describe el medio español El País.
En un mundo de gitanos, pero esta vez de nacionalidad rumana, este tipo de actos está normalizado. Por ende, los matrimonios entre niños, igual.
Para cuando los padres de Raúl sabían que su hijo se casaba con una virgen, permitieron que los niños tuvieran relaciones sexuales “aceptando la menor ésta situación por haber sido educada en la creencia de que eso era lo normal y lo que se esperaba de ella”, consigna Europa Press.
La segunda boda en España: el delito doblemente consumado
Tras varios meses de “vida conyugal”, los menores regresaron a Sevilla. La elegante Hacienda Atarazana, fue arrendada para llevar a cabo la segunda boda simbólica, con varios invitados que celebraron la unión. Era septiembre de 2021.
Los que no estaban invitados eran un grupo de elementos de la Policía Nacional, quienes vigilaban afuera de la propiedad, observando cada movimiento de la recepción y evidenciando que los hechores subían material de la fiesta a sus redes sociales.
En España, para poner en contexto el caso, en 2014 era permitido que adolescentes de 14 años se unieran en matrimonio. Un año después, las reformas a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, dispusieron que fuera a los dieciséis años, siempre que se solicite la emancipación de los progenitores.
El caso de los padres acusados de vender a su hija de 12 años, es distinto, por obvias razones expuestas en esta nota.
Otro de los antecedentes en poder de las autoridades, es que la infante en España no estaba escolarizada, antes de ser llevada a la vida marital de forma prematura. Vivían en una casa en Mejoras del Campo, en Madrid. Ahí, compartía habitación matrimonial con el otro menor.
“Jamás se habló de dinero”: los argumentos tras un delito en España
“Nadie se obligó a nadie”, es una de las frases que resonaron en un tribunal madrileño, donde los 4 adultos involucrados en la boda de sus hijos menores de edad, enfrentan serios cargos judiciales.
Según su defensa, los niños se conocieron a través de las redes sociales, como cualquier pareja con esa historia, olvidando o normalizando el hecho.
“Jamás se habló de dinero. Es algo totalmente normal y también entre gitanos españoles”, desafío el padre de la niña, en una de las tantas audiencias que deben enfrentar, donde desfilan una serie de testigos del caso, además de la presentación de las pruebas recabadas por los elementos policiales en la casa madrileña donde la niña vivía con su cónyuge.
Además de haber recibido una cantidad importante de euros por vender a su hija para ser desposada, entre otros hechos que han salido a la luz, figuran que la menor no salía de la casa si no era acompañada del chico, o de sus suegros. No le permitían tener teléfono celular y sus padres cedieron un poder a sus consuegros para que esta pudiera salir del país con ellos y con “su esposo”.
Los padres acusados de vender a su hija de 12 años y sus “consuegros”, a un paso de la cárcel
Dados los antecedentes y las reformas legales que impiden el matrimonio español antes de los 16 años, suegros y consuegros de la boda gitana rumana, viviendo en Madrid, enfrentan serias consecuencias penales en un país ajeno, donde vivieron su tradición, sin pensar en las consecuencias.
Ahora, los padres acusados de vender a su hija de 12 años, enfrentan siete años de prisión por el delito de “Trata de seres humanos con fines de servidumbre”.
Otro de los antecedentes del caso y que toman en cuenta las autoridades, es que la menor vivía con su madre en Alemania, antes de presuntamente ser vendida al matrimonio rumano, que no está claro cuántos años de prisión enfrentan por la señalada compra-venta.
Los padres de Raúl sostienen que no sabían que se trataba de un delito el hecho de que ambos niños se casaran, de lo contrario “nunca jamás” lo hubiesen permitido.
Sin embargo, una notaría aportó pruebas sobre el documento legal que tenía vigencia hasta 2024, donde disponían de la movilidad de la menor a cualquier parte del mundo, algo que los tiene, junto a los padres de esta, con un pie en prisión.
