En marzo de 2022 entró en vigencia una ley que estableció que los tratamientos de salud mental deben tener la misma cobertura que otros tratamientos médicos.
Antes que la normativa existiera, las isapres limitaban reembolsos y tenían topes anuales para estos servicios. Con su implementación, las empresas debieron ajustar sus planes nuevos, por lo que las consultas psicológicas y psiquiátricas, así como las hospitalizaciones por salud mental, deben recibir el mismo porcentaje de cobertura que las prestaciones físicas.
Esto se traduce en un aumento significativo de los reembolsos, llegando hasta el 90% en algunos casos, y eliminando el tope anual que existía previamente para las prestaciones restringidas.
Sin embargo, muchos usuarios con planes contratados antes de 2022 comenzaron a encontrarse con negativas para equiparar la cobertura, debiendo recurrir a la Justicia para resolverlo. Con casos que siguen presentándose a casi cuatro años de la implementación de la Ley 21.331.
¿Qué hacer si la isapre no respeta la cobertura de salud mental?
Si tienes un plan contratado antes de marzo de 2022, no deberías tener que cambiarlo para acceder a una cobertura justa de salud mental.
En muchos casos, los planes antiguos ofrecen mejores beneficios que los nuevos, por lo que cambiar no es siempre la mejor opción. La recomendación es presentar un recurso de protección si notas que tus coberturas de salud mental no se equiparan con las de salud física.
Sobre esa línea, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, mencionó hace algunos meses en conversación con el Expreso Bío Bío que “frente a un rechazo de cobertura por parte de una isapre lo que han hecho muchas personas es intentar recursos de protección en contra de las isapres e, invariablemente, en el último tiempo hay diversos fallos de las cortes que obligan a la isapre a entregar la cobertura y a equipararla, entre la salud física y la de salud mental”.
Impacto económico de la ley
El impacto económico de estos ajustes puede ser significativo. Antes de la Ley 21.331, una consulta psicológica de $40.000 podría tener un reembolso de solo $16.000, con un tope de UF anual que solo cubría unas seis consultas al año.
Con la adecuación a la ley, ese mismo tratamiento puede tener un reembolso de hasta $36.000 por consulta, sin límites anuales, lo que representa un ahorro considerable para quienes necesitan atención continua.
Este beneficio no solo aplica al afiliado titular, sino también a sus cargas familiares, como hijos o cónyuge, lo que amplía el impacto económico positivo y garantiza un acceso más equitativo a la salud mental para toda la familia, afirma el portal Psiconecta.
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