El criterio Tohá determina lo que ocurre con los funcionarios del Gobierno que se enfrentan a formalizaciones.
Estas últimas semanas, la formalización, o eventual formalización, de diferentes figuras que ostentan cargos públicos en el Poder Ejecutivo ha reabierto el debate sobre la aplicación del “criterio Tohá”.
Por ejemplo, la posible salida del cargo del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su pronta formalización en el marco del desempeño de sus funciones durante el estallido social. También, se ha mencionado la complicada situación del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, por el Caso Democracia Viva.
En el caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que será formalizado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, este criterio no aplicaría por no ser parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, eso no ha evitado que se especule de si debería aplicarse de igual forma o no. ¿En qué consiste el criterio Tohá?
¿En qué consiste el criterio Tohá?
El criterio Tohá es simple: si un funcionario del Gobierno, o de instituciones dependientes de la Presidencia, se enfrenta a un proceso de formalización, deberá dejar su cargo.
En una entrevista con ADN Hoy, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que una formalización es un punto de inflexión para la continuidad de las personas en cargos de autoridad. Eso sí, precisó que la aplicación del criterio no implica la anticipación de un veredicto o presumir la culpabilidad del formalizado.
“Necesitamos proteger a las instituciones y las instituciones no pueden tener autoridades que están siendo investigadas, y que además están concentradas o distraídas en la investigación que les afecta”, justificó la ministra.
“Nuestro criterio es que cuando se produce la formalización, las personas no debieran continuar ejerciendo un rol de autoridad mientras están siendo formalmente investigadas”, agregó.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló en entrevista con Radio Sonar que los procesos de formalización implican tiempo, lo que puede tener repercusiones en la labor de aquellos cargos con altas responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo o las instituciones dependientes del Presidente de la República.
“Implica preparar defensa, que implica probablemente una distracción de la labor fundamental que tienen estos funcionarios y funcionarias. Entonces consideramos que puede ponerse en riesgo el funcionamiento de las instituciones”, señaló Vallejo.
Los cuestionamientos a esta regla del Ejecutivo
La aplicación del criterio Tohá no ha estado exento de críticas, tanto por parte de la oposición como por parte de expertos en la materia. Principalmente, se apunta a que serían los fiscales quienes tendrían una influencia directa en el rumbo que tome la carrera profesional de una persona.
“La ventaja del criterio Tohá implica que el Gobierno se ahorrará explicaciones o defensas institucionales frente a cualquier autoridad formalizada, pero con el peligro de caer en injusticias”, señaló el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, a Emol.
“Cada vez que una autoridad es formalizada, es cierto que se tiende un manto de dudas sobre la institución y sobre los superiores de esa autoridad, y que es muy difícil sostener en su cargo a una autoridad formalizada. Sin embargo, formalizar implica solo comunicar la apertura de una investigación”, explicó al citado medio.
En pocas palabras, los críticos apuntan a que la aplicación del criterio Tohá, como una regla general para todo aquel funcionario en un proceso de formalización, puede tener efectos contraproducentes, e irreversibles, en la práctica. Por ejemplo, que una persona sea removida de su cargo y luego ser declarada como no culpable de los cargos por los que se formalizó en primera instancia.
