Es noviembre de 2018 cuando Aldo Bravo se enteró que estaba despedido. Le dijeron que era por necesidades de la empresa y que el cheque de su finiquito podría retirarlo en una notaría cercana. De seguro para la gerencia que tomó la decisión era un trámite más, salvo por un detalle: durante diez años -y de forma sistemática- Bravo le había robado plata a Banchile Corredores de Bolsa, burlando todos los sistemas de control y sin que nadie se percatara. Ni los otros empleados, ni menos la jefatura.
Para algunos de sus compañeros -que desconocían por completo la situación- la salida de Bravo fue una sorpresa, porque no todos los días desvinculaban a quien fungía como jefe del Departamento de Liquidación de Moneda Nacional y Extranjera. Otros colegas, sin embargo, presentían que algo andaba mal. En los últimos meses Bravo ya no era el mismo. Se le notaba más preocupado que de costumbre, nervioso, como si supiera que algo iba a ocurrir, pero nadie sabía qué, dijo una fuente de la empresa.
Las sospechas de sus colegas tenían algún asidero. En febrero del mismo año, una clienta se presentó a reclamar más de 7 millones 800 mil pesos, invertidos en Banchile por un familiar fallecido y buscaba incluirlos en la posesión efectiva. Buceando en el sistema, la ejecutiva que la atendió, le explicó que en 2015 la entidad emitió un vale vista con el monto indicado, pero debido al tiempo transcurrido había caducado.
La funcionaria envió entonces un correo electrónico a Bravo, consultándole qué sucedía con el dinero. Este último, después de varios meses, solo respondió que realizaría un trámite interno -supuestamente- para resolver el problema. Pero llegó noviembre de 2018 y Bravo fue despedido.
Sin que nadie previera alguna anomalía en el trabajo, las actividades en la unidad que manejaba Bravo siguieron su curso normal. Todo cambió cuando la misma mujer volvió a cobrar el vale vista. Nuevamente consultaron el sistema, pero el subgerente de Tesorería Interna, Juan Eduardo Vargas, notó que algo no cuadraba. El dinero no estaba por ninguna parte. Fue solo en ese momento cuando el tinglado de mentiras montado por Bravo comenzó a desmoronarse. Buscando y buscando, establecieron que mediante maniobras contables se había apropiado -durante diez años- de una suma superior a los 334 millones de pesos, en casi 300 operaciones. Eso al menos hasta ahora, porque en Banchile Corredores de Bolsa sospechan que la cifra podría aumentar exponencialmente, ya que la investigación interna aún no concluye y a cada instante arroja sorpresas.
La práctica criminal de Bravo encendió las alarmas en la empresa financiera, que a principios de abril presentó una querella criminal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por hurto agravado y delito informático.
En la acción penal se describe que Bravo transfirió plata desde Banchile a cuentas de los bancos Itaú, Santander, Scotiabank y a su tía Amparo González, que pagó deudas e incluso habría hecho inversiones.
De acuerdo al libelo, Bravo era la “primera firma” para realizar las operaciones, pero necesitaba de una segunda rúbrica. De lo contrario, no podrían haberse transferido los dineros, ya que el sistema habría alertado de inmediato la anomalía.
De hecho, en Banchile sospechan de Jaime Valdés, un funcionario del mismo departamento, “ya que el 89% de las operaciones de transferencia”, contaron con ambas autorizaciones escritas.
La entidad financiera solicitó al Ministerio Público Centro Norte que interrogue a una serie de expertos internos en la detección de fraudes y a los imputados, a través de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
No es la primera vez que el Banco de Chile sufre un robo de proporciones. A mediados de 2018 -y mientras Bravo hacía de las suyas- se descubrió que un informático había robado 475 millones de pesos, solo usando su PC para lograrlo. La cifra sin embargo aumentaría a 2.500 millones, luego de la indagatoria contable.
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