La tributación internacional vive su mayor transformación en décadas. Desde 2025, la ONU negocia un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que aspira a fijar reglas fiscales globales y crear obligaciones de derecho internacional, con un texto que debería cerrarse hacia 2027.
En agosto se conocerá, en la quinta sesión del comité, el articulado completo por primera vez. Conviene mirarlo, porque bajo la apariencia de cooperación técnica se juega algo mayor: convertir la política tributaria en una cuestión de derechos humanos, sustrayéndola del debate democrático.
El proyecto nació de una reacción política. Durante años, las grandes multinacionales declaraban sus ganancias en países de impuestos bajísimos, aunque el negocio ocurriera en otro lado. Para cerrar ese hueco, la OCDE impulsó el plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), cuya pieza más dura -el Pilar 2- obliga a las empresas grandes a pagar un mínimo de 15% de impuesto donde sea que declaren sus utilidades.
La regla suena razonable, pero tuvo un efecto colateral: si un país en desarrollo ofrecía rebajas tributarias para atraer inversión, esas rebajas dejaron de servir, porque la empresa igual terminaba pagando la diferencia en otro país. Molestos por eso y por su rol marginal en la OCDE, esos países, liderados por el bloque africano, llevaron la discusión a la ONU, donde tienen los votos. La aspiración de mayor equidad es legítima; el problema es el método.
Si una materia se eleva a la categoría de derecho humano, queda sustraída de la deliberación democrática interna, porque los derechos humanos no se someten a votación. Trasladar allí decisiones sobre qué impuestos cobrar, a quién y con qué incentivos significa quitarle a los parlamentos nacionales una atribución propia y entregarla a órganos internacionales no electos. Para una política tributaria que vive de la seguridad jurídica, el riesgo es evidente.
No es una alarma aislada. Francia, Portugal y Turquía advirtieron sobre lenguaje ambiguo y una eventual renegociación forzada de la red de convenios de doble tributación. La Cámara de Comercio Internacional agregó que las definiciones vagas del borrador podrían socavar el propio principio de certeza que la Convención dice perseguir.
Chile, en cambio, tomó un camino distinto: en 2024, bajo el gobierno de Gabriel Boric, pidió reforzar aún más el vínculo entre tributación y derechos humanos. Con el cambio de mando, queda abierta la pregunta de si esa postura se mantendrá antes de agosto, sobre todo porque, si ni Estados Unidos ni buena parte de Europa suscriben el instrumento, este obligará solo a quienes lo firmen.
De cara a agosto, la recomendación es simple: seguir de cerca el texto y evaluar con cautela los compromisos que Chile asuma, su encaje constitucional y sus efectos sobre la soberanía fiscal. Cooperar en tributación es deseable; convertir política fiscal en obligaciones internacionales inciertas es algo muy distinto.
Juan Pablo Pincheira Sánchez
Socio de Laport y Justiniano Asesores Tributarios.
Profesor de Magíster de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción.
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